La Ley de Medidas de Agilización Procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social), ha sido aprobada tras la votación en el Congreso de los Diputados de las enmiendas incorporadas durante su tramitación en el Senado.

El Congreso de los Diputados ha culminado la tramitación de la Ley de Jurisdicción Social, que queda aprobada de forma definitiva tras la votación de las enmiendas introducidas por el Senado, que quedaron ratificadas salvo las relativas a los apartados 1 y 3 del artículo 235, que fueron rechazadas. Este artículo, relativo a la imposición de costas, quedará de este modo redactado tal y como lo aprobó en su día la Cámara Baja.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva el jueves, 20 de septiembre, la Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tras incorporar diecinueve enmiendas procedentes del Senado, que se han votado de forma separada.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aplaudido este jueves la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, de la nueva Ley Concursal y de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. No obstante, ha reclamado extender el proceso reformador a la Jurisdicción penal y ha llamado a las fuerzas políticas a alcanzar un pacto de Estado para extender la modernización en todos los órdenes.

Insta a implantar una administración de justicia que contemple todo el ámbito europeo

Foto: Francisco Caamaño En Unas Jornadas De La COMJIB

Ve necesario crear equipos conjuntos de investigación y aproximar las leyes penales y procesales entre los países

La nuera padeció estar "en boca" de los vecinos, que se acercaban a su hijo para averiguar si "se parecía o no" al padre

Si no se encontraran nuevas evidencias, el magistrado enviaría el sumario a la Sala de lo Penal para que lo archivara

La defensa del inspector José María Ballesteros ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la impugnación como prueba de la conversación que el dueño del bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, mantuvo con su yerno, Carmelo Luquin, el 4 de mayo de 2006 en la que le reconocía que había recibido un chivatazo sobre la existencia de una operación policial contra el aparato de extorsión de ETA.

Foto: El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), Fernando de Ros

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha reclamado este jueves "respeto" a los tribunales y "acatar" la resolución de la Audiencia Nacional (AN) en el caso 'Faisán', que ha revocado el auto de procesamiento de los imputados en la causa que investiga el presunto chivatazo a ETA. "Ha sido por unanimidad y eso lo dice todo".

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 15 años de prisión al miembro de la banda terrorista ETA Ibai Beobide Arza por la comisión de un delito de estragos terroristas, por la colocación, en junio de 2008, de un artefacto explosivo en la rotativa de 'El Correo', ubicada en el polígono industrial Torrelarragoiti del municipio vizcaíno de Zamudio.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de prisión por un delito de tenencia de explosivos y otro de daños terroristas a Ibon Iparraguirre y Asier Badiola, miembros del 'comando Tontor' al que le fueron incautadas tras su desarticulación decenas de bolsas de cocaína y marihuana.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará penas de 23 años de prisión por asesinato en grado de tentativa y tenencia y transporte de explosivos para dos miembros del 'comando Buruntza' de ETA, acusados de atentar en mayo de 2001 contra el periodista de Cambio 16 Gorka Landaburu.

Foto: Tribunal Superior de Justicia de Madrid

López Viejo adjudicó a esta empresa la limpieza de basuras de Moratalaz

Considera este requerimiento "plenamente constitucional" y apunta al "deber de fomento de la lengua propia de los poderes públicos"

La empresa defiende que cumple "rigurosamente" el régimen de aplazamiento de pagos legalmente establecido

El exdirector general de la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), José Luis Rodríguez Neri, acudirá el próximo martes al Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid para ratificar una querella que interpuso contra Pablo Hernandez Arroyo por la presunta falsificación de su firma en las actas de la Junta General de la SDAE que tuvo lugar el 30 de junio de 2008.

Foto: Registro En La SGAE

Niega responsabilidad del actual directivo Pablo Hernández y dice que la secretaría de Neri era la encargada de tramitar el documento

Foto: El Fundador De Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos

Un total de 34 inversores han solicitado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada el embargo preventivo de bienes al fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y su sobrino Zoilo Pazos, al entender que, con un déficit patrimonial de 618,26 millones de euros, el concurso de acreedores de Dhul acabará en liquidación y con declaración de culpabilidad.

Foto: Corina Porro

El denunciante recurrirá ante el TSJG y pedirá el testimonio de "todos los patronos" de este organismo

Foto: Audiencia de Madrid

La Fiscalía de Madrid solicita veinte años de prisión para un acusado de asesinar en abril de 2010 a su exnovia de una puñalada mortal que le seccionó una artería.

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a dos mujeres de nacionalidad china a indemnizar con 30.000 euros al hijo de un hombre fallecido por un infarto, al que las procesadas no socorrieron cuando se sintió indispuesto cuando estaba en su compañía en el interior de un centro de masajes de Alicante.

Foto: El Acusado, Antes De Comenzar La Vista

El ministerio fiscal pide una pena de 16 años de prisión para un hombre acusado de maltratar y agredir sexualmente a una mujer con la que dormía en cajeros de Valencia. El acusado ha afirmado ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial que "nunca" la amenazó porque la quería y se "quería llevar bien con ella", mientras que la víctima ha afirmado que éste le obligaba a mendigar y que hacía "todo lo que quería" con ella.

Un jurado popular ha declarado culpable de un delito de asesinato a la mujer acusada de apuñalar mortalmente en Guillena (Sevilla) con un machete de cacería de 30 centímetros de hoja a un familiar de su exmarido que se negó a entregarle parte del dinero de la jubilación, hechos por los que la Fiscalía y la acusación particular que ejerce la familia de la víctima han solicitado 25 años de cárcel.

Foto: Francisco Caamaño

Los secretarios judiciales realizarán un balance de la nueva Oficina Judicial que ya funciona en varias capitales españolas

La Fiscalía de Granada ha solicitado un total de siete años de prisión para un subinspector del Cuerpo Nacional de la Policía, suspendido actualmente de sus funciones, por supuestamente haber revelado secretos a narcotraficantes y haber conspirado para cometer un secuestro, hechos por los que será juzgado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada a partir del próximo 3 de octubre.

Ley Orgánica 12/2011, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 23 de septiembre de 2011). Texto completo. (Ref. Iustel §000053 )

Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (BOE de 23 de septiembre de 2011). Texto completo.

Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia estatal "Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios" y se aprueba su Estatuto (BOE de 23 de septiembre de 2011). Texto completo.

El día 7 de octubre de 2011, se celebrará, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, el “Seminario internacional: La Constitucionalización de la estabilidad presupuestaria”.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la Confederación Sindical de CCOO, Unión Regional de Asturias, contra la sentencia que, resolviendo el conflicto colectivo planteado frente a la Administración del Principado de Asturias, desestimó su pretensión de que se reconociera el derecho a transmitir noticias de interés sindical y laboral a sus afiliados y a los demás trabajadores a través del correo electrónico, sin las limitaciones dictadas por la Administración que restringía el envío de correos electrónicos a veinticinco. El TS declara que la limitación de envío simultáneo de correos electrónicos impuesta por la Administración se ajusta a la doctrina del TC relativa al ejercicio del derecho de información a través de procedimientos informáticos, en el sentido de que las limitaciones que pueden establecerse son las que sin impedir el derecho de información sindical, se fundamenten, como las de este caso, en la preservación del desarrollo de la actividad normal de la empresa, de modo que sea posible armonizar la utilización de los medios por el sindicato y la consecución del objetivo empresarial.

La Sala ratifica el RD 193/2010, por el que se modifican los arts. 2 y 4 del RD 227/1981, sobre sistemas de pago de los haberes de Clases Pasivas del Estado. No aprecia la alegada vulneración de la Disposición Final Primera de la Ley 21/1986 que aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 1987, al, supuestamente, suprimir y prohibir el servicio que hasta entonces prestaban los habilitados de clases pasivas, ya que se limita a adaptar el régimen jurídico de aquellos servicios a la regulación general de los sistemas de pago por la Administración del Estado, por lo que no existe un vacío de regulación reglamentaria. Por otro lado, el Ministerio de Economía podía, sobre la base del art. 110 de la Ley 47/2003, limitar a la transferencia bancaria el abono de haberes o pensiones, excluyendo el pago en metálico o por talón o cheque, y las dudas sobre si esta restricción a un único instrumento de pago podía llegar hasta el punto de que la cuenta corriente o libreta receptora del importe debiera estar a nombre del beneficiario, había de resolverse a favor de la admisibilidad de la medida. Concluye el TS que la Administración, del mismo modo que en su día consideró oportuno permitir la actuación de los habilitados de clases pasivas como intermediarios en el pago, podía prescindir o limitar esta intermediación a partir de una determinada fecha.