Los ministros de Justicia de la UE han aprobado el Reglamento Europeo de Protección de Datos con el que se pretende proteger la intimidad y los derechos fundamentales de las personas físicas frente al riesgo que supone la recopilación y uso indiscriminado de esos datos en el mundo digital.

Confirma la condena de la Audiencia Nacional con independencia de que participara o no en la colocación del coche-bomba

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del Gobierno de Cantabria de modificación parcial de la medida cautelar adoptada en noviembre de 2010 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en virtud de la cual se paralizaron las obras de la estructura sobre el arroyo Merón. Se trata de un tramo de la variante de Oyambre, que fue anulada por el TSJC en octubre de 2013.

Foto: José Antonio Griñán llega al Tribunal Supremo para declarar por los ERE

Llegan al TS desde el juzgado de Alaya 40 cajas con toda la documentación presupuestaria que sustentó las ayudas cuestionadas

La Fiscalía pide cárcel y doce años de inhabilitación para Iker Rodrigo por un delito de enaltecimiento del terrorismo

Desestima la petición de los arquitectos que reformaron la sede de Génova porque este caso tiene una "evidente" conexión con la Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado al Tribunal Supremo la causa contra la senadora y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) María José García Pelayo (PP) tras determinar que existen indicios de prevaricación continuada en las adjudicaciones que realizó a la trama Gürtel.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha declarado "solventes" al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y a otros tres antiguos miembros de la cúpula de la entidad, tras aceptar la fianza civil de 34 millones de euros que sus compañías aseguradoras han depositado, junto con Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), por la fusión y salida a Bolsa del grupo financiero.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha solicitado información sobre dos cuentas bancarias asociadas a las empresas Electrificaciones Roma y Novomag Manufacturas Metálicas, a las que la Junta de Andalucía otorgó ayudas por importe de 510.859 euros, con el fin de "aclarar los verdaderos beneficiarios" de estas ayudas y "el destino final dado a los fondos públicos recibidos".

El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado un auto este lunes en el que desestima el recurso de reforma interpuesto por el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), José Manuel Aguilar, contra la fianza de responsabilidad civil de 1,392 millones de euros impuesta en el auto de apertura de juicio oral.

Jueces para la Democracia ha reclamado al Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas con transferencia en materia de justicia, que "con la mayor urgencia" creen 1.000 juzgados, cifra que, según calculan, debería haberse puesto en marcha en los últimos cinco años.

La sala de lo contencioso-administrativo sección 5.ª del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emitido una nueva sentencia que estima el recurso de los diputados de Compromís y obliga a la Administración demandada a facilitar la documentación solicitada sobre contratos de Feria Valencia, según ha informado la formación en un comunicado.

La iniciativa JUSTIAPPS permitirá a los ciudadanos realizar proyectos para la puesta en marcha de aplicaciones móviles que harán la Justicia más accesible a los ciudadanos.

Real Decreto 462/2015, de 5 de junio, por el que se regulan instrumentos y procedimientos de coordinación entre diferentes Administraciones Públicas en materia de ayudas públicas dirigidas a favorecer el impulso de la sociedad de la información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha (BOE de 16 de junio de 2015). Texto completo.

Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia (BOE de 16 de junio de 2015). Texto completo.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2896-2015, contra los artículos 19.2, 20.2, 36.2, 36.23, 37.1 en relación con el 30.3, 37.3, 37.7, y la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (BOE de 16 de junio de 2015). Texto completo.

Conflicto positivo de competencia n.º 2113-2015, contra los artículos 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9 y 10; disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; disposiciones transitorias primera, segunda y tercera y disposición final primera del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (BOE de 16 de junio de 2015). Texto completo.

Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional para la regulación de la pesca de la ballena, hecho en Washington el 2 de diciembre de 1946, adoptadas en Portoroz el 18 de septiembre de 2014 durante la 65 reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional (BOE de 16 de junio de 2015). Texto completo.

Los días 24 y 25 de Junio, de 17:00 a 20:00 h, se celebrarán en el Salón de Actos de CUNEF, las “Jornadas CUNEF sobre responsabilidad penal y empresa (Compliance)”.

Del 1 al 3 de julio de 2015 se celebrará, dentro del Programa de Cursos de Verano de la UNED, el curso “Igualdad, justicia y discapacidad”. Tendrá lugar en Pontevedra. El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales y participación activa del estudiante en el foro del curso virtual.

Se resuelve en el litigio la cuestión relativa a si cuando una Comunidad de Propietarios pretende separarse de lo dispuesto en el art. 9.1 e) de la LPH, para repartir los gastos de instalación de un ascensor, es necesaria unanimidad o es suficiente la mayoría de las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Estima la Sala el recurso interpuesto contra la sanción impuesta por la Administración tributaria derivada de la confección indebida de la declaración del IRPF. Afirma que en el caso de autos no cabe apreciar en la conducta sanciona el elemento de la culpabilidad, toda vez que el contribuyente se apoyó en indicaciones de la propia AEAT, lo que, sin eliminar ni la obligación de declarar correctamente ni de actuar diligentemente, su conducta pone de manifiesto un interés en consultar con quien “más sabe” de cómo hacer la declaración, por lo que el contribuyente no actuó de forma negligente o dolosa.