Personas con discapacidad: especialidades en el proceso civil y penal. (RI §426846)
Persons whit special neesd: exceptional cases in civil and criminal proceedings - Teresa Armenta Deu
Las personas con discapacidad eran acreedoras hace tiempo de una adecuación a las normas internacionales (Convención internacional de Nueva York de 2006). La Ley 8/2021, de 2 de junio, cumple con aquel mandato mediante un giro copernicano en el tratamiento civil y procesal civil que, sustentado en la autonomía de la voluntad y el reconocimiento de capacidad, erradica el término incapaz para hablar de personas con discapacidad necesitadas de apoyo. En este trabajo se examinan los cuatro grandes cambios que afectan a dichas personas en relación con el proceso civil (capacidad procesal, adecuaciones para garantizar su participación en condiciones de igualdad, nuevo proceso para la adopción judicial de medidas de apoyo y su revisión, e internamiento no voluntario), con el claro objetivo de un examen global ajeno a la exhaustividad. En la misma línea, se acomete la situación de la persona con discapacidad en el proceso penal, atendiendo a las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de protección integral a la infancia y adolescencia, la Ley para la garantía integral de la igualdad sexual, entre otros textos, y el frustrado Anteproyecto de Ley integral contra la trata y explotación de seres humanos -que más que justificadamente- procuran otorgar una tutela reforzada de dichas personas (junto a los menores de catorce años y otras víctimas) para las que intervenir, cuanto más directamente en el proceso penal, comporta una revictimización. Prima en este análisis examinar el bosque por encima de cada uno de los árboles, en aras a ofrecer una visión panorámica de los innegables avances en esta materia, que, aun así, resultan susceptibles de mejora.
INTRODUCCIÓN. I PERSONAS CON DISCAPACIDAD NECESITADAS DE APOYO. NUEVO RÉGIMEN CIVIL Y PROCESAL CIVIL. 1. Proceso civil. 1.1. El acceso a la justicia del discapacitado y la capacidad para ser parte y procesal. 1.2. Adecuaciones para la actuación de la persona con discapacidad en el proceso para garantizar su participación en régimen de igualdad. 1.3. El nuevo proceso para la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con alguna discapacidad y su revisión. 1.4. Proceso de internamiento no voluntario por razones de trastorno psíquico. II. LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN EL PROCESO PENAL: LOGROS Y PROPUESTAS DE REFORMA. 1. Medidas cautelares y de protección a las víctimas con discapacidad. Breve referencia. 2. Medidas para propiciar, facilitar o limitar la declaración de la víctima. Breve referencia. 3. Prueba preconstituida e “incidente probatorio de prueba preconstituida”. 4. La víctima con discapacidad como testigo oculto o anónimo: su compleja justificación y la imperiosidad de equilibrar derechos. BIBLIOGRAFÍA.
Persons with disabilities have long deserved an adaptation of relevant laws to international standards (the New York International Convention of 2006). Law 8/2021, of June 2, complies with that mandate by means of a Copernican twist in the civil approach and procedures which, based on the autonomy of will and the recognition of capacity, eradicates the term incapable when used to describe persons with disabilities requiring support. This paper examines the four major changes affecting such persons in relation to civil proceedings (procedural capacity, adjustments to ensure their equal participation, a new process for the judicial adoption of support measures and their review, and non-voluntary internment), with the clear aim of being a comprehensive examination that is far from exhaustive. Along the same lines, the situation of persons with disabilities in criminal proceedings is addressed, taking into account the reforms of the Criminal Procedure Act, the Act on the Comprehensive Protection of Children and Adolescents, the Act for the Comprehensive Guarantee of Sexual Equality, among other texts, and the failed Draft Bill for a comprehensive law against trafficking and exploitation of human beings which -more than justifiably- seek to provide reinforced protection to these persons (together with minors under fourteen years of age and other victims) for whom intervening more directly in the criminal process entails re-victimization. In this analysis, it is important to examine the forest from above each of the trees, in order to provide a panoramic view of the undeniable advances made in this area, which, even so, could still be improved.
DIRECTOR
