Analiza el autor los efectos que, desde el cumplimiento del derecho a la tutela judicial, ha provocado la publicación de la Ley 10/2012, de tasas judiciales, que ha entrado en vigor el 17 de diciembre. En su opinión, si bien la generalización de dichas tasas a las personas físicas es perfectamente constitucional, ya no lo es tanto el establecimiento de unas cuotas tributarias que han duplicado su importe, pudiendo convertirse en un serio obstáculo al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24.1 de la C.E. y, por ende, en una fuente de recursos de amparo y planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad, cuyo ejercicio anegará la actividad de nuestro ya sobrecargado Tribunal Constitucional.
1. Introducción. 2. Antecedentes. 3. Régimen vigente. 4. Ámbito de aplicación: exclusiones. 5. La tasa judicial autonómica. 6. Las tasas judiciales y la Constitución. 7. El hecho imponible. 8. La base imponible. 9. Devengo de las tasas y autoliquidación. 10. Autoliquidación y pago. 11. Modificación de la cuota tributaria. 12. La sanción por incumplimiento de la tasa. 13. Resolución y medios de impugnación. 14. Conclusiones.
The author analyzes the effects that, from the fulfillment of law to judicial protection, has led to the publication of the cout tax, Law 10/2012, which has come into force on December 17. In his opinion, even if the generalization of such tac to individuals is perfectly constitutional, it is not so constitutional the establishment of tax liabilities that have doubled the amount, and could become a serious obstacle in exercise of judicial protection fundamental right, enshrined in the article 24.1 CE and, therefore, in a source for fundamental rights resources and of exceptions of unconstitutionality presentation, which exercise, will flood the activity of our already overburdened Constitutional Court.
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