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La protección de los derechos de los usuarios de transportes terrestres por carretera por medio del arbitraje de consumo. (RI §411269)  

- Javier Guillén Caramés

Uno de los mecanismos jurídicos más eficaces en la protección de los consumidores lo constituye el arbitraje de consumo. Se trata de un mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos a través del cual las Administraciones Públicas prestan un servicio público de indudable importancia de cara a la protección de los derechos de los consumidores. El nuevo Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores puede resultar de aplicación a los usuarios de transportes terrestres y, en consecuencia, las técnicas de protección que establece dicha norma son de aplicación a los mismos. En el presente artículo se aborda un estudio, desde una perspectiva crítica, de la posible aplicación del arbitraje de consumo a los usuarios de transportes terrestres por carretera con la finalidad de examinar la conveniencia o no de su aplicación.

I. La protección de los usuarios de transportes terrestres por carretera en la legislación de consumo.- 1. La aplicación del TRLGDCU y la legislación autonómica de consumo a los usuarios de transportes terrestres por carretera.- 2. Los derechos de los usuarios previstos en la legislación de consumo. II. El arbitraje de consumo como mecanismo de protección de los derechos de los usuarios de transportes terrestres por carretera.- 1. Configuración legal y sede del arbitraje de consumo.- 2. La organización administrativa del arbitraje de consumo y sus posibles disfuncionalidades.- A) Las Juntas Arbitrales: su naturaleza jurídico-administrativa.- B) El Colegio Arbitral.- 3. Procedimiento arbitral de consumo.- A) El procedimiento prearbitral.- B) Procedimiento arbitral stricto sensu.

Palabras clave: consumidores y usuarios; arbitraje; servicio público; transportes terrestres; procedimiento administrativo;

Alternative Dispute Resolutions (ADR’s) constitute one of the most precise legal tools consumers might use to solve their legal conflicts. Public Administrations play a decisive role in the implementation of ADR’s in the sense of performing a real public service in favour of consumers. The new Spanish Consumer Act that ibncluders ADR’s could be applied to passengers of road transport systems, so ADR’s could also be directly applied to them. The present article focus its attention, from a critical perspectiva, on the conveniente or not for apllying specific consumers ADR’s for this specific passengers of road transportation.

Keywords: consumers and road passengers rights; alternative dispute resolutions; public service; road transportation; administrative procedure;

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