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Las incongruencias del Derecho Penal de la inmigración ilegal. Especial referencia al delito de promoción o favorecimiento de la inmigración clandestina de trabajadores a España (art. 313.1 CP). (RI §405146)  


Ilegal immigration criminal law incongruities. Special reference to promoting clandestine immigration of employeers to Spain crime (article 313.1 CC) - Esther Pomares Cintas

La estrategia de que se ha servido el Estado para controlar la presencia de extranjeros “ilegales” en su territorio se ha caracterizado, primordialmente, por su índole represiva en una doble instancia: la administrativa y la penal. Esa política de control, realizada a través de sucesivas (e incoherentes) reformas legislativas, se traduce hoy en una regulación de combate frente a toda colaboración de terceros en el fenómeno migratorio ilegal –así, el artículo 313.1 del Código penal-, que acaba revirtiendo contra el extranjero clandestino. En efecto, su control se perfecciona a través de un modelo basado en la definición de esta categoría de sujetos bajo un estatus jurídico negativo que ha servido para integrarlos dentro del concepto del “enemigo” del Estado: se arbitran medidas como la expulsión, devolución, detención o internamiento, basadas exclusivamente en el hecho de ser extranjero-inmigrante-ilegal, pues se le imputa la responsabilidad por encontrarse en dicho estado. Ello ha contribuido a legitimar una situación de exclusión de garantías básicas en torno al inmigrante clandestino, hasta el punto de cuestionar la existencia misma del Estado de Derecho. Además, se procura mostrar a la inmigración irregular como factor potencialmente perturbador de la cohesión social y convivencia con los autóctonos, causa del deterioro social e inseguridad, y, por ende, se percibe globalmente como una amenaza para las condiciones de seguridad dentro de las fronteras interiores de la Unión Europea. Cobran entonces especial protagonismo las políticas de seguridad y orden público en el contexto del proceso de armonización de las legislaciones penales en esta materia. Por otro lado, la amplitud del delito del 313.1 del Código penal, que engloba una pluralidad ilimitada de formas de promover o favorecer “por cualquier medio” la inmigración clandestina, no sólo vulnera garantías derivadas del principio de intervención mínima, o del principio de legalidad, también las relativas a la proporcionalidad de la pena, en cuanto que no distingue grados de intervención y realización delictivas. Dicha violación de garantías penales, promovida por la propia regulación legal, se refleja, consecuentemente, en la práctica de los tribunales. Pues bien, el quebrantamiento de garantías penales, junto a la falta de un objeto de protección que justifique la intervención penal en este ámbito, impiden, asimismo, legitimar la excepcionalidad de sancionar el comportamiento colaborador de terceros en un hecho principal penalmente impune (entrar o permanecer ilegalmente en territorio español).

I. INSTRUMENTOS DE REPRESIÓN DE LA AYUDA A LA ENTRADA, CIRCULACIÓN Y ESTANCIA IRREGULARES.- II. LA EXCLUSIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DEL SUJERTO DE LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA: EL INMIGRANTE ILEGAL.- III. LA INCONSISTENCIA DE LA INTERVENCIÓN PUNIBLE EN LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA.

Palabras clave: Inmigración clandestina y Derecho penal; colaboración de terceros en movimientos migratorios ilegales; políticas penales de seguridad en el seno de la Unión Europea;

The strategy which has served the State in controlling the presence of “illegal” immigrants on its national territory has been primarily characterised by its repressive nature in two realms: the administrative and the penal. This policy of control, carried out through successive (and incoherent) legislative reforms, translates today into a regulation of argumentation with regard to all third party collaboration in the illegal migration phenomenon; Article 313.1 of the Spanish Penal Code is an example of this, in that it ends up turning against the illegal foreigner. In effect, its control is produced through a model based on the definition of this subject category, which is under a negative legal status, and which has served to integrate the subject into the concept of being an “enemy of the State”. Measures such as expulsion, deportation, detention or internment, exclusively based in the fact of these persons being an illegal immigrant/foreigner, attributes them with the responsibility for being found in this condition. This has contributed to legitimising a situation which excludes basic guarantees regarding the illegal immigrant, to the point of questioning the very existence of the Rule of Law. In addition, it intends to show irregular immigration as a potentially disruptive factor in social cohesion and in co-existence with native residents, a cause for social deterioration and insecurity. Consequently, it is perceived as an overall threat to the security conditions within the domestic borders of the European Union. The policies with regard to security and public order, therefore, gain a special prominence in the context of the process for harmonisation of the penal legislations concerning this matter. However, the scope of the offence in Article 313.1 of the Penal Code, which covers an unlimited plurality of manners by which to encourage and favour illegal immigration (“by any means”), not only violates guarantees derived from the principle of minimal intervention or from the rule of law, but also violates those related to the proportionality of the penalty, in that it does not distinguish between degrees of intervention and criminal acts. This violation of punitive guarantees, promoted by the legal regulation itself, is consequently reflected in the practice of the Courts. Therefore, the breaking of punitive guarantees, together with the lack of an object of protection which would justify penal administration of this matter, prevents legalisation of the exceptionality of punishing collaborative behaviour by third parties in an unpunishable principal fact (illegally entering or remaining in Spain).

Keywords: Clandestine immigration and Criminal Law; third party collaboration in illegal migratory movements; security criminal policy on European Union;

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