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Los límites de la prisión: fecundación in vitro y el derecho a la vida privada y familiar (Sentencia Dickson c. Reino Unido, Aunto n.º 44362/04, de 4 de diciembre de 2007). (RI §401365)  

- Carmen Quesada Alcalá

Los demandantes, Kirk y Lorraine Dickson, son nacionales británicos. En 1994, el Sr. Dickson fue juzgado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua, de modo que el período de tiempo mínimo que estaría en la prisión sería de 15 años. El Sr. Dickson no tenía niños. En 1999, conoció a Lorraine, mediante una red de correspondencia entre presos, mientras ella también estaba encarcelada. En 2001, se casaron. La Sra. Dickson ya tenía tres hijos, fruto de otras relaciones. La pareja solicitó la inseminación artificial, con el fin de que se les permitiera tener un hijo juntos, argumentando que no era posible la concepción de otro modo, dada la avanzada edad de la Sra. Dickson y la fecha de la liberación del Sr. Dickson. El Secretario de Estado rechazó su solicitud y ellos apelaron infructuosamente. Finalmente, los demandantes acudieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que el rechazo a su solicitud vulneraba el art. 8 del CEDH, relativo al derecho al respeto a la vida privada y familiar, y el artículo 12, referente al derecho a casarse y formar una familia. El TEDH concluyó que no había existido violación del art. 8 y 12 del Convenio. En consecuencia, los demandantes apelaron ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Gran Sala concluyó, por 12 votos frente a cinco, que había existido violación del art.8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la vida privada y familiar). La Gran Sala consideró que la política aplicada a los demandantes había excluido el equilibrio de los intereses públicos y privados, y había vulnerado la proporcionalidad necesaria en la adopción de medidas restrictivas respecto de un caso individual. En particular, se les había proporcionado a los demandantes una carga de la prueba excesiva, en relación con la excepcionalidad que había de regir la concesión de la solicitud de la inseminación artificial. Para la Gran Sala, no existió una valoración del adecuado equilibrio entre los intereses públicos y privados, por lo que se había vulnerado el art.8 del Convenio Europeo. Las normas relativas a la prisión están cambiando, y esta sentencia nos lleva a reflexionar sobre las nuevas normas para un nuevo modelo de prisión.

The applicants, Kirk and Lorraine Dickson, are British nationals. In 1994, Mr Dickson was convicted of murder and sentenced to life imprisonment with a tariff (the minimum period to be served) of 15 years. Mr. Dickson has no children. In 1999 he met Lorraine, via a prison penal network while she was also imprisoned. In 2001, they married. Mrs Dickson, who already had three children from other relationships. The couple requested artificial insemination facilities to enable them to have a child together, arguing that it would not otherwise be possible, given Mr Dickson’s earliest release date and Mrs Dickson’s age. The Secretary of State refused their application. They appealed unsuccessfully. Finally, the applicants complained before the European Court of Human Rights about the refusal of access to artificial insemination facilities, relying on Article 8 (right to respect for private and family life) and Article 12 (right to marry and found a family). The European Court noted that no violation of article 8 and 12 have been committed. Therefore, the applicants appealed before the Grand Chamber of the European Court of Human Rights. The Grand Chamber held, by 12 votes to five, that there had been a violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights. The Grand Chamber considered that the policy which applied to the applicants excluded any real weighing of the competing individual and public interests, and prevented the required assessment of the proportionality of a restriction, in any individual case. In particular, it placed an inordinately high “exceptionality” burden on the applicants when requesting artificial insemination facilities. The Court therefore found that a fair balance had not been struck between the competing public and private interests involved, in violation of Article 8. The prison rules are changing, and this judgement leads to a reflection about news rules for a new model of prison.

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