El suelo es un recurso natural de interés económico y estratégico clave para explotar actividades y generar riqueza y bienestar, pero también limitado y altamente sensible a la actuación humana. La legislación y planificación de sus usos por los poderes públicos competentes sean Estado, CCAA o municipios, deciden inequívocamente la de otros bienes esenciales y escasos, como las aguas, costas, montes, espacios naturales, paisaje… Todos deben coordinarse necesariamente.

Desde distintos sectores del ordenamiento se prevén consecuencias jurídicas preventivas y remedios a posteriori ante amenazas y riesgos por instalación, construcción y edificación abusivas. Conocerlas exige abordar variada y heterogénea normativa de Derecho administrativo, también disciplina urbanística, penal y civil, especialmente, Derecho inmobiliario registral. No están siendo blindaje eficaz, como muestra el agravamiento de penas por urbanización no autorizable en suelo protegido en la reciente reforma del Código Penal en 2010.

La cita de unas cuatrocientas resoluciones de tribunales de justicia y de la Dirección General del los Registros y del Notariado muestra la cantidad de matices en la interpretación de estas materias. También, los claroscuros en las soluciones prácticas ante un eventual acceso al Registro de la Propiedad de parcelaciones y edificaciones ilegales por contrariar normas protectoras de suelos. La obra contribuye a la reflexión sobre el conflicto entre dos dignos intereses en juego: la preservación del suelo con valor ecológico y la garantía del derecho de los ciudadanos, consumidores y empresarios, a información medioambiental adecuada a través de los registros oficiales y públicos en el contexto de las TICs.

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