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EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS EN LA UNIÓN EUROPEA

 
Autor:
ÁNGEL MANUEL MORENO MOLINA
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad Carlos III de Madrid
Referencia Iustel:90110087
ISBN978-84-9890-113-9
ColecciónMonografías
Área:Administrativo
Formato y acabado:21,5 x 14 cms. – Rústica con solapas
Páginas:384
PVP:34€ IVA incluido
Fecha de publicación:Septiembre de 2010
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Breve reseña de la obra:
Durante los últimos años se ha producido una profunda renovación del régimen jurídico de la comercialización de los productos químicos en Europa, que esta obra analiza en profundidad. El marco legal actual se encuentra plenamente configurado por el Derecho de la Unión Europea (Reglamento “REACH”, de 2006 y Reglamento “CLP”, de 2008 como columnas vertebrantes del ordenamiento sectorial). La normativa, más allá de su complejidad, disciplina un conjunto de productos que nos rodean en nuestra vida diaria, a través de sus infinitas aplicaciones industriales, desde la ropa a los detergentes, y que suscitan numerosos problemas e interrogantes en el terreno de la protección de la salud y del medio ambiente. La respuesta del Derecho a estas cuestiones radicales, cuya piedra angular es el principio de precaución, supone una ponderación entre las exigencias de la salvaguardia de esos intereses difusos y el aseguramiento y la facilitación de un auténtico mercado interior de estos productos en el vasto espacio de la Unión. El resultado es la puesta en pie de un sistema de intervención administrativa en el sector, protagonizado no tanto por las Administraciones públicas nacionales (regla general hasta el presente) como por la Administración europea, constituida por la Comisión y por la nueva Agencia Europea de productos químicos, con sede en Helsinki. La regulación integral –y con dimensión europea- de la puesta en el mercado de las sustancias y mezclas químicas se enfrenta sin embargo a múltiples desafíos: el de la suficiencia de la nueva normativa, sobre todo en sus aspectos procedimentales y técnico-jurídicos; el de la idoneidad de la fórmula organizativa elegida para procesar satisfactoriamente el flujo jurídico que genera la industria afectada; y el de la eficacia en la respuesta administrativa ante los retos y peligros, no siempre evidentes, de los productos químicos.
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