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PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. TRATAMIENTO SISTEMÁTICO DE LA LEY 41/2003

 
Autor:
IGNACIO SERRANO GARCÍA
Catedrático de Derecho Civil
Universidad de Valladolid
Referencia Iustel:90108051
ISBN978-84-96717-92-3
ColecciónMonografías
Área:Civil
Formato y acabado:21,5 x 14 cms. – Rústica con solapas
Páginas:584
PVP:48€ IVA incluido
Fecha de publicación:Marzo de 2008
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Breve reseña de la obra:
La obra contiene un tratamiento sistemático de la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, que engloba una serie de instituciones dispersas, entre las que es difícil encontrar un sistema. No obstante la dificultad, se articula un trabajo en el que se plantean tres grandes partes: la primera comprende aquellas instituciones que tratan de prevenir patrimonialmente situaciones de incapacidad/discapacidad (promoción de la propia incapacitación, autotutela, contrato de alimentos, mandato preventivo, instrucciones previas y delegación de la facultad de mejorar); más tarde se estudian las figuras que aportan soluciones, siempre patrimoniales, para las situaciones de discapacidad (patrimonio protegido, sustitución fideicomisaria, donación y legado del derecho de habitación, dispensa de colación y la nueva tutela del 239-III Cc); y, por último se estudia una nueva sanción civil para castigar la falta de atención a personas con discapacidad (indignidad sucesoria). Se trata, posteriormente, en forma más breve, de la reducción del legado de finca que no admita cómoda división. Todo ello va precedido de un esclarecimiento de los múltiples conceptos que se manejan en el mundo de la discapacidad, en general. Así se estudia que es la incapacidad, qué la incapacitación, qué la discapacidad y qué la dependencia. El planteamiento se hace con referencias al tratamiento de estos conceptos en el Derecho español y comparado, con una especial consideración a la reforma del Code civil francés que ha sido recientemente reformado en la materia de los menores y de los mayores que deben ser protegidos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2009.
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