España, con su original Estado autonómico, es uno de los países más descentralizados del mundo, y la educación es uno de los sectores donde con más intensidad se ha manifestado esa descentralización, al atribuirse poderes sustanciales a las Comunidades Autónomas para la ordenación del sistema educativo en sus territorios. Completado el periodo inicial de asunción de esas competencias y consumada la transferencia efectiva de las mismas, contamos hoy con perspectiva temporal suficiente para valorar los resultados que empieza a ofrecer ese reparto de responsabilidades entre múltiples centros de decisión.
La descentralización es a la vez un principio jurídico y una técnica organizativa de los poderes públicos. Con ella se aspira a lograr una mayor participación e implicación de las distintas Administraciones públicas en la organización y gestión del sistema educativo, acercando el poder de decisión a la realidad social (vertiente democrática), y también se pretende facilitar la adaptación del modelo general a las peculiaridades y necesidades de cada entorno concreto, mejorando los resultados a obtener (vertiente de eficiencia). Desde luego, ambas consecuencias no vienen garantizadas de por sí, sino que dependen del modo concreto en que se instrumente la descentralización y, sobre todo, de la voluntad colaborativa con la que operen los responsables de cada nivel de decisión. En este terreno hay un gran trecho que recorrer y un amplio espacio para construir.
Por otro lado, ni el contexto o punto de partida en cada territorio es el mismo, ni tampoco el ejercicio que se ha hecho de las competencias educativas y el esencial esfuerzo financiero lo son. Por eso es imprescindible combinar el análisis jurídico del reparto competencial y de la normativa emanada en uso del mismo con otras perspectivas capitales, como son la económica, la sociológica e incluso la pedagógica, las cuales permiten valorar la evolución del sistema educativo en términos de calidad, equidad y eficiencia. Así se ha intentado hacer en la presente obra colectiva, que recoge las aportaciones maduradas por un grupo multidisciplinar de académicos vinculados a un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

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