CIUDAD REAL, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
En nota de prensa, la Diputación ha asegurado que se trata de un documento "pionero" que persigue la participación de la ciudadanía en la Administración provincial, una "nueva herramienta que se enmarca en la línea de Gobierno Abierto que el actual equipo de Gobierno ha decidido imprimir a su gestión".
Entre las obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información figura elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos la información cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
La Diputación también se obliga a elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de donde puede encontrarse dicha información y ofrecerlo también en formatos electrónicos abiertos, legibles por máquinas que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.
Hace, asimismo, referencia a establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada y establece la necesidad de adoptar medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización, divulgación, así como su accesibilidad y calidad.
También hace especial hincapié en que la información se tiene que publicar de manera clara, estructurada y entendible, al tiempo de que se tiene que asistir al ciudadano en la búsqueda de la información.
La ordenanza incluye responsabilidades atribuidas a las jefaturas de todas las áreas y departamentos de la Diputación de Ciudad Real asignando a responsabilidades concretas para garantizar su cumplimiento y efectividad.
La ordenanza viene a completar una primera acción que acometió Caballero tres días después de asumir la presidencia de la Corporación provincial consistente comunicar su adhesión al Portal de la Transparencia Local, impulsado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de favorecer el cumplimiento de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
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