MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
En la iniciativa, que recoge Europa Press, la formación magenta recuerda que la legislación de Seguridad Social permite que ciertos grupos o actividades profesionales de naturaleza "especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad", puedan ver rebajada la edad de jubilación a través de coeficientes reductores.
De hecho, esta posibilidad ya se aplica a los trabajadores incluidos en el Estatuto Minero, al personal de vuelo, a los trabajadores ferroviarios, a los artistas, a los profesionales taurinos, a los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos e incluso a los miembros de la Ertzaintza.
Además, el propio PP ha presentado iniciativas en este sentido en instituciones como la Junta General del Principado de Asturias o el Ayuntamiento de Palencia, tal y como recuerda la formación que lidera Rosa Díez.
LA POLICÍA CUMPLE LOS REQUISITOS.
Dado que "parece evidente" que la actividad de los policías locales "cumple los requisitos de ser especialmente peligrosa y arriesgada" y que la edad de jubilación para los agentes municipales va de los 55 a los 60 años en la mayor parte de los países europeos, UPyD quiere que el Congreso pida al Ejecutivo que reconozca el trabajo de Policía Local como "profesión de riesgo".
Y, en este sentido, que "se ponga fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la siniestralidad, peligro y toxicidad de las condiciones de trabajo ni los requisitos exigidos para el desarrollo de la labor policial". Para ello, debería incorporarse al colectivo a los grupos profesionales a los que se aplican coeficientes reductores en la edad de jubilación.
En cualquier caso, y tal y como recoge la normativa de la Seguridad Social, el establecimiento de estos coeficientes reductores para los agentes locales debería ir acompañado de los ajustes necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio financiero de las cuentas públicas.
Actualmente, la edad de jubilación está fijada en 65 años y dos meses, si bien irá incrementándose en un mes por año hasta alcanzar los 67 años previstos en la Ley 27/2011 de la Seguridad Social en el ejercicio 2027.
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