Los secretarios piden una reforma legal que evite destituciones como la de Dora Alonso en Gijón

Discernir e informar sobre si se ajustan o no a la legalidad vigente los acuerdos municipales más importantes. Esta es la nada desdeñable responsabilidad principal que tienen los secretarios de los ayuntamientos españoles, explica Eulalio Ávila Cano, presidente del Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros.

lne.es 17.10.13

El refuerzo de las funciones para poder ejercerlas con la máxima independencia de criterio y neutralidad política es la gran aspiración de estos funcionarios de habilitación estatal. Todos los consultados por este diario coinciden en que la reforma que persigue el gobierno dentro del proyecto de ley para racionalización de la Administración Local está bien orientada, porque devuelve al Estado las competencias sobre la selección, formación, habilitación y potestad sancionadora. Sin embargo, lamentan que se quede a medio camino. Sobre todo, porque mantiene la libre designación del secretario en los municipios de más de 75.000 habitantes o capitales de provincia, donde, como acaba de suceder en el Ayuntamiento de Gijón, los alcaldes tienen potestad para decidir el cese de estos funcionarios sin que medie falta alguna, ni tan siquiera leve.

La regidora casquista Carmen Moriyón destituyó a Dora Alonso aludiendo a meras "razones de organización". Los colegas asturianos de la secretaria, natural de Siero, destacan que se trata de una "magnífica profesional" y que ha desempeñado una "gran labor" en el Consistorio gijonés.

La legislación vigente abre la puerta a la libre designación en los concejos de mayor tamaño. En el resto, los secretarios acceden al cargo tras un proceso selectivo que, desde 2008, depende de las comunidades autónomas. En los municipios de menos de 5.000 habitantes, existe la figura del secretario-interventor, en el que el funcionario suma al examen legal de las decisiones de la Corporación, el control interno de la gestión económica financiera, también con la obligación de informar sobre la legalidad de cada gasto y de cada ingreso, o la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos.

La necesidad de que la labor de estos funcionarios permanezca ajena a cualquier injerencia política está fuera de toda duda, a la vista de la relevancia de su papel de parapeto contra la discrecionalidad política y, en consecuencia, contra la corrupción. Sin embargo, los secretarios consultados afirman que, desde hace ya décadas, no se dan las condiciones para desempeñar el cargo de la mejor manera posible. Al recorte de funciones se unen las habituales presiones por parte de alcaldes y concejales. Es una cuestión especialmente preocupante por la cada vez mayor dependencia de los secretarios e interventores de la Corporación.

Un profesional asturiano lamenta que los ediles tengan en sus manos los complementos salariales y hasta la imposición de sanciones a los habilitados nacionales. "Desde luego, no se dan las mejores condiciones para trabajar cuando hay una gran dependencia de aquellos cuya actividad tienes que controlar", afirma el secretario de uno de los principales ayuntamientos de la región, convencido también de que la reforma legal se queda a medio camino.

Felipe Fanjul, portavoz del Colegio de Secretarios en Asturias, también reclama que la reforma vaya un poco más allá y hace incidencia en poner coto a situaciones como la de Gijón. "No tiene sentido que se haya incluido la libre designación en las grandes ciudades, algo que no parece lo más correcto para garantizar la imparcialidad de los funcionarios, y que, según hemos visto, va a seguir adelante", afirma.

El Consejo de Colegios también aboga por ampliar las atribuciones del secretario en todos los municipios, exigiendo su informe para la elaboración o modificación de las ordenanzas, reglamentos, relaciones de puestos de trabajo y estatutos rectores de organismos autónomos, así como para la aprobación de planes urbanísticos. A su juicio, reforzar al secretario incrementa la transparencia, la eficiencia y la defensa contra la corrupción.