El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que implanta un modelo de gestión por resultados, de evaluación de la gestión y con la máxima transparencia.

Cuando todavía se desconoce el déficit que registró el conjunto de la Administración pública en 2012, fuentes de Hacienda confirmaron ayer que los entes locales -municipios, provincias o cabildos- cerraron el año anterior con un ligero déficit, en línea con el objetivo impuesto por Moncloa.

El Gobierno cree firmemente que una proporción no inferior a la mitad de los 8.116 ayuntamientos que hay hoy en España no disponen ni de los medios ni de la capacidad económica suficiente para prestar los servicios que les corresponde a sus ciudadanos en unas condiciones mínimas de eficiencia.

El Gobierno prevé que los ayuntamientos decidan este mismo año cuáles de sus concejales son los afectados por la reforma de la administración local, es decir, quiénes dejarán de cobrar por su labor. La norma será de aplicación inmediata, según han aclarado fuentes del Ministerio de Hacienda, una vez que sea aprobada por las Cortes Generales. Es decir, no afectará sólo a los consistorios que se creen a partir de las elecciones de 2015 sino a los ya constituidos.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene perfilado un coste estándar para cada servicio que prestan los ayuntamientos, un método de cálculo basado en la población, pero que atiende también a otras variables como dispersión o envejecimiento. La reforma local impedirá que se presten servicios por encima de ese coste y será este baremo la causa principal de que un ayuntamiento pierda competencias.

La presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz (PP), ha pedido a todas las formaciones que inicien un debate "en profundidad" sobre la reforma de la Administración local, para lo que considera necesario que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su vicepresidente, Diego Valderas, abandonen la actitud de "confrontación" en esta materia.

El presidente de la Diputación gaditana, José Loaiza, suscribió ayer convenios para regularizar la situación económica con los ayuntamientos de Algeciras, La Línea y Los Barrios, así como de otros municipios, como son Alcalá de los Gazules, Prado del Rey, Puerto Real, Puerto Serrano, Sanlúcar y Trebujena. Esos nueve consistorios adeudan a la institución provincial 18,5 millones de euros, conforme a una estimación provisional pendiente de verificar en la liquidación definitiva del año 2012.

La Diputación Provincial de Almería, a través del área de Asistencia a Municipios, ha realizado durante el año 2012, un total de 98 actuaciones en entidades locales de la provincia, en materia de asesoramiento en recursos humanos y prevención de riesgos laborales.

El jurado de los premios 'C' de Consumo que anualmente otorga la Junta de Andalucía ha concedido un galardón al Ayuntamiento de Granada en la modalidad de 'Resolución alternativa de conflictos', un reconocimiento a "la apuesta por la mediación y el arbitrio como mecanismo de solución de problemas de consumo" que ha sido propuesto por la Federación Granadina de Comercio.

El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, considera un paso "muy importante" la reforma del gobierno local aunque cree que hay aspectos mejorables como la necesidad de determinar el coste estándar de los servicios públicos.

Antonio de Luis Solar, alcalde socialista de Pravia y presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), alertó ayer de que la reforma del régimen local que plantea el Ejecutivo central amenaza con “vaciar de contenido” a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que en el Principado son 71 de 78.

La reforma de la administración local que TPA les ha ido avanzando concluye que los ayuntamientos asturianos dejarán de costear servicios educativos, sanitarios y sociales, al ser competencias exclusivas del Principado.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, unió ayer su voz a la de los alcaldes isleños al solicitar un trato específico para la comunidad autónoma en el anteproyecto de ley de bases de régimen local que el Gobierno central decidió elevar al Consejo de Estado el pasado viernes.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha dicho hoy que cinco años es "demasiado" tiempo para traspasar a la comunidad autónoma las competencias "impropias" que tienen asumidas los ayuntamientos y ha defendido un plazo "más corto".

El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, subrayó ayer en Valladolid que en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local “apostamos por el modelo de Castilla y León en la estructuración de las administraciones públicas”. Arenas, que no ahorró en elogios hacia los populares de la Comunidad y su presidente, Juan Vicente Herrera, destacó el carácter “municipalista” de la norma.

El presidente de la Diputación de Palencia, José María Hernández, valoró de forma positiva la reforma de la Administración local del Gobierno al considerar que se trata de una ley “necesaria” porque “intenta poner en claro las competencias de las diferentes administraciones” y evita por tanto “duplicidad de iniciativas sobre un mismo asunto”, declaró.

El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón López, ha mostrado su satisfacción por la aprobación del anteproyecto de la reforma de la Administración Local, indicando que con ella se mantendrá "un papel importante de las diputaciones provinciales", que ahora asumirán "aquellas competencias que no sean posibles desarrollar por las mancomunidades".

La Sindicatura de Comptes celebrará cursos de formación en Alicante, Castellón y Valencia dirigidos a interventores, secretarios, tesoreros, técnicos de la Administración general y personal de las áreas de gestión, para explicarles la nueva instrucción de control externo en el sector público local.

La Diputación de Castellón ha adjudicado esta semana un nuevo servicio que se incorpora a la Central de Contratación. Se trata del servicio de control de calidad de las aguas de consumo humano, dirigido a los 65 municipios de la provincia que lo soliciten por tener una gestión directa del servicio de agua potable.

Los ayuntamientos de Gipuzkoa deberán devolver este año 13,4 millones de euros a la Diputación correspondientes a la liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal de 2012, aunque podrán hacerlo en cuatro plazos.

El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de la semana que viene ratificará definitivamente la nueva ordenanza de la OTA que entra en vigor el próximo mes. La corporación rechazó ayer en la Comisión de Espacio Público (con la abstención del PSE, y el voto a favor de todos los demás grupos) las cinco alegaciones presentadas por ciudadanos al texto aprobado inicialmente en el mes de noviembre.

La Concejalía de Mercados ha puesto en marcha una revisión de la ordenanza municipal para ampliar la actividad de los puestos, permitir el consumo de productos allí mismo y, como objetivo final, dar cobertura a los hipotéticos mercados gourmet, una de las tendencias de los últimos tiempos. El del Grao, cuya licitación podría volver a salir en las próximas semanas, es el primero que se ha apuntado a esta moda.

La Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Cáceres ha dado este lunes el visto bueno al dictamen para la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de instalación, alquiler, montaje y desmontaje de casetas durante las Ferias de Cáceres.

El Ayuntamiento modificará la normativa municipal, según sostiene, para favorecer a las familias con menos recursos. Esta iniciativa entrará en vigor el próximo curso, tras aprobarse en pleno

“Hurgar, remover y sustraer residuos del interior de los contenedores”. Este es el objeto de sanción que recoge el artículo 13 de la Ordenanza Reguladora de Convivencia Ciudadana y Prevención de Actos Incívicos de El Ejido, la cual ha dejado ya hasta 41 multas en poco más de año y medio en diferentes núcleos del municipio, según los datos que maneja el área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios ejidense.

El 31 de julio pasado fue cuando se presentó en el SAC (Servicio de Atención Ciudadana) un escrito, respaldado por 510 firmas, en el que se pedía que se estudiara la posibilidad de “establecer unos horarios en los parques públicos de la ciudad para el esparcimiento de las mascotas”. La encargada de hacerlo fue Mari Sol Santos que argumenta también que en cualquier caso dejar al perro suelto “sería siempre bajo la responsabilidad de los propietarios”.