En la segunda parte del trabajo, el autor culmina el análisis de las particularidades que presenta el régimen jurídico de la condiciones generales de la contratación como elemento estructurador de la oferta de bienes y servicios por las Administraciones Públicas, concluyendo que el uso de este instrumento por parte de las mismas es prácticamente anecdótico, situación esta que resulta poco justificable, ya que cuando se hace una oferta de un bien o servicio con unas condiciones preestablecidas la calificación de ese negocio es de contrato de adhesión, encontrado una regulación específica que resulta aplicable sin problemas a la Administración. Las Administraciones públicas deben apostar por aplicar todas las herramientas que les ofrece el ordenamiento jurídico para aumentar su eficacia y efectividad, este es el momento adecuado para explotar todos los recursos de los que dispone la Administración que permitan optimizar el uso de los recursos públicos, siendo precisamente un factor de optimización la reglamentación del uso de los servicios y bienes que se ofrecen a los ciudadanos, impulsando un uso racional y responsable de los mismos, que sirva para hacer conscientes del valor que tienen los bienes y servicios que se producen por la Administración.

El volumen en la oferta de bienes y de servicios por parte de las Administraciones públicas a los ciudadanos, hace que éstas se aproximen en sus comportamientos a los empresarios particulares, esta proximidad aconseja aplicar los instrumentos jurídicos del tráfico jurídico mercantil a la Administración. En particular, se plantea hacer uso de las condiciones generales de la contratación, por medio de las mismas se aporta racionalidad en la gestión, homogeneidad y eficiencia en la oferta. También se toman en consideración las posibles variantes que plantea el uso de una modalidad mercantil por parte de la Administración.

El Real Patronato sobre Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha convocado una nueva edición de los Premios Reina Sofía de accesibilidad universal de municipios, correspondientes al ejercicio 2013. Los Ayuntamientos deberán presentar sus proyectos antes del 24 de junio.

El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado que la reforma local que pretende llevar a cabo el Gobierno de la Nación colisiona con el principio de la Constitución Española que apuesta por la descentralización y la desconcentración. "Se trata de un anteproyecto absorbente, sin corazón municipalista, más cercano a la lógica contable que a las necesidades de nuestro mundo local", ha añadido.

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha remitido cartas a los 101 alcaldes de la provincia para animarles a que sus ayuntamientos se sumen al decreto contra la exclusión social aprobado por la Junta de Andalucía. Las entidades locales tienen hasta el próximo 18 de mayo para adherirse al mismo.

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha mantenido este jueves una reunión con representantes de las Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia, en la que han presentado el trabajo que se realiza desde cada una de ellas y le han manifestado la problemática en dicha gestión.

La plataforma de afectados por el límite de edad para opositar a una plaza de agente de la Policía Local en Oviedo -fijado en 30 años- ha pedido la intervención del Gobierno del Principado, después de que el Ayuntamiento de Oviedo desestimase los recursos contra las bases de la convocatoria presentados por algunos opositores a título individual y por el sindicato UGT. Además, aseguran que recurrirán a la vía del contencioso-administrativo.

Las policías locales de diecinueve ayuntamientos de Castilla y León ya están coordinados con el Cuerpo Nacional de Policía y la base de datos del Ministerio del Interior sobre violencia de género gracias al sistema Viogen, que trata de aunar esfuerzos en la lucha contra el maltrato.

La Diputación de Salamanca ha publicado las bases de la convocatoria de subvenciones, por un importe global de 15.155 euros, dirigidas a los ayuntamientos de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes que soliciten tomar parte en la Campaña de Natación durante los meses de julio y agosto de 2013.

El vicepresidente primero de la Diputación de Valencia y diputado de Cooperación Municipal e Internacional, Juan José Medina, ha destacado el “importante papel de la administración local para sensibilizar a la población y, a la vez, exportar experiencias para luchar contra la pobreza social”.

Los técnicos y jefes de servicio del Ayuntamiento de Alicante han comenzado a presentar ante la Sindicatura de Comptes la documentación para verificar las alegaciones del consistorio al informe elaborado por el órgano de fiscalización sobre el control interno del municipio en el ejercicio 2011, en el que establece una serie de recomendaciones en materia de personal o de planificación de inversiones, entre otras.

Ciento cincuenta y cuatro son localidades de la provincia de Badajoz a las que les corresponde un importe de 2.762.530,46 euros; mientras que en Cáceres, los beneficiarios son 181 municipios y entidades locales con un total de 1.961.968 euros.

En un momento de escasa holgura en las cuentas municipales, los planes provinciales de la Diputación constituyen en algunos casos la única obra que podrán promover los ayuntamientos ourensanos este año. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado a qué dedicará cada concello el dinero disponible, un mínimo de 30.975 euros. Esa es la cuantía que aporta la institución provincial, pero puede ser complementada por las entidades locales. La mayor parte tan solo lo hacen con unos 10.000 euros. En total, la Diputación movilizará 3,7 millones para este fin.

La Escuela de Administración Local, dependiente de la Dirección General de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia, ha iniciado la jornada formativa sobre la 'Atención al maltrato infantil desde el ámbito de los Servicios Sociales de Atención Primaria', en la que 20 profesionales pertenecientes a los ayuntamientos adquirirán herramientas de detección, derivación y seguimiento de situaciones de riesgo y desamparo de menores.

A veinte días para que finalice el plazo de solicitud, 52 de los 2.200 comercios minoristas que existen en la ciudad de Logroño se han beneficiado de la bonificación del 20% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que aprobó el Ayuntamiento con la intención de impulsar la actividad económica en la ciudad.

El Ayuntamiento de Galdakao incluirá cláusulas ambientales y en favor de la igualdad de género en los pliegos de condiciones que redacte cuando necesite contratar a una empresa para que le realice un determinado servicio. Es decir, que los responsables municipales exigirán a las compañías requisitos que promuevan una sociedad más justa y sostenible. Estas cláusulas se sumarán a las de carácter social ya anunciadas por el Consistorio y a las lingüísticas que permitirán un mayor desarrollo del euskera, según informó el alcalde, Ibon Uribe.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, participa este viernes, 10 de mayo, en las II Jornadas sobre el futuro de las provincias, que organiza la Diputación de Ourense y que este año se centrará en el papel de las diputaciones en el marco de la reforma del gobierno local.

La Junta de Gobierno local aprobará previsiblemente en su reunión de hoy la propuesta presentada hace unos meses para una nueva ordenanza que regule la colocación de terrazas en la ciudad. Tras esta aprobación, el proceso continuará con las alegaciones que podrán presentar tanto los grupos de la oposición como las agrupaciones o particulares interesados.

El Concello de Brión ha tenido que anular la parte sustancial de la ordenanza reguladora por el uso de espacios públicos físicos y aéreos por la que reclamaba en torno a siete mil euros por trimestre a varias operadoras de telefonía móvil por el desarrollo de su actividad empresarial en el municipio.