La reforma de la Administración Local, cuyo informe fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero, está pendiente del informe del Consejo de Estado, que podría darse a conocer en los próximos días. Este documento es vital para el Gobierno, ya que le puede indicar el camino para realizar algunos cambios en el proyecto inicial, como así le ha pedido la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y muchos alcaldes del Partido Popular.

Que el Gobierno se ha metido en un complicado jardín con la reforma de la administración local lo sabe hasta el último alcalde del PP. La oposición al anteproyecto de ley que quiere transformar la actual Ley de Bases de Régimen Local para dar más poder a las Diputaciones ha sido tan fuerte que el informe, aprobado en Consejo de Ministros el 15 de febrero, todavía no ha llegado a su siguiente parada: el Consejo de Estado.

Hoy, 1 de abril, finaliza el plazo para que los proveedores que quieran cobrar facturas pendientes de ayuntamientos puedan acogerse a la extensión del Plan de Pago a Proveedores, ampliación probada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los ayuntamientos de España han abierto sus cajones y han dado a conocer el alcance de sus deudas. Madrid lidera el ranking al ser la ciudad que más dinero debe a sus proveedores, en concreto, la capital española reconocía una deuda de 1.017 millones de euros hace apenas un año. La seguían Jerez y Jaén con 400 y 300 millones de euros cada una.

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) cuenta con 43.588 viviendas públicas en régimen de arrendamiento que alquila a familias con muy pocos recursos por una renta mensual bajísima. Desde 2008, EPSA viene pagando a los ayuntamientos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de esas VPO públicas y ha gastado en ello más de 20 millones de euros.

La Cámara de Cuentas de Andalucía está estudiando implantar una aplicación o software para permitir que interventores y secretarios de los ayuntamientos andaluces rindan las cuentas municipales y se eviten situaciones irregulares o fraudes.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha exigido al Gobierno central que modifique el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el que se recoge que las entidades locales con superávit tienen que destinar ese dinero a amortización de la deuda. Así, ha defendido que se puedan destinar esos fondos a planes de empleo.

Varios municipios aragoneses han presentado ya requerimientos en el Gobierno de Aragón en contra de la modificación hecha por el Departamento de Educación y Cultura al plan de Equipamientos Deportivos de Aragón. Esta modificación alteró unilateralmente el plan de pagos que el Ejecutivo autonómico debía hacer a los ayuntamientos por unas obras que en gran parte están ya ejecutadas. Mediante una orden hecha el año pasado, decidió abonarla en plazos más largos, hasta el 2016, cuando muchas pequeñas empresas han hecho los trabajos ya.

El grupo del PSOE en la Diputación de Huesca ha reclamado que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan seguir prestando los servicios sociales de proximidad.

El Govern balear ha dado a conocer hoy el decreto que establece las condiciones de reparto del Fondo de Seguridad Pública, con el que la administración autonómica financiará mejoras de personal y materiales en los cuerpos de policía municipales.

El Instituto de Estudios Fiscales cifra en 24 millones de euros el agujero de los consistorios isleños por la gestión ineficiente de sus servicios. El informe del IEF sirve de base al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para sustentar la reforma de la administración local y calcular cuál sería el ahorro derivado del traspaso de competencias desde los municipios a administraciones superiores. El texto apunta que la falta de diligencia en los recursos constituye un gasto extra de 391.977 euros para al menos 61 corporaciones de las 88 que hay en el Archipiélago.

La comarca del Bierzo contará con más de 3.1 millones de euros para la ejecución de obras en 38 municipios gracias al Plan de Cooperación Municipal 2013. La cuantía supone el 21,12% del total del plan para toda la provincia, que cuenta con quince millones de euros de fondos propios de la Diputación de León.

Ismael Alonso es alcalde pedáneo de la junta vecinal de Quintanilla Cabe Rojas (Burgos) y presidente de la Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos, que hoy congrega a 40 entidades locales menores burgalesas.

La Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Protección Civil, pone a disposición de 61 ayuntamientos material destinado a las agrupaciones de Protección Civil para poder seguir ofreciendo a los ciudadanos la mejor respuesta ante cualquier emergencia.

El presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, ha propuesto este domingo eliminar la Delegación del Gobierno en Catalunya como medida de austeridad, y dejar sus funciones en manos del presidente del Gobierno, del de la Generalitat o de un alcalde.

La Cámara autonómica ha dado luz verde a dos puntos de una iniciativa del PSdeG en la que se reconoce el papel que desarrollan los ayuntamientos y por los que insta a trasmitir a estas entidades locales y a sus vecinos el "apoyo y reconocimiento por la labor que han realizado para mantener vivo el territorio y los servicios públicos".

La idea de fusionar ayuntamientos como fórmula para abaratar servicios parece una utopía en Barbanza, al menos a corto plazo. Esa puede ser la principal conclusión de la charla y posterior debate que se celebró en el Ateneo Valle-Inclán la noche del miércoles. El catedrático de Geografía e Historia Daniel Bravo Cores fue invitado por la entidad ribeirense para ofrecer una conferencia sobre la unificación de concellos en la comarca, al hilo de la publicación de una serie de artículos en La Voz de Barbanza sobre la historia de los ayuntamientos de la zona, pero como también asistió el senador y exalcalde de Ribeira José Luis Torres Colomer, el acto dio más de sí que la recapitulación de los artículos publicados.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo revisará a la baja los impuestos municipales tras cerrar el pasado año con superávit y un remanente de tesorería de 11,5 millones de euros.

El Gobierno de Navarra ha acordado suscribir un convenio con la Administración General del Estado para que las entidades locales de Navarra puedan acogerse al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno central y, con ello, cancelar aquellas obligaciones pendientes de pago contraídas antes del 1 de enero de 2012.

El Ayuntamiento de Sevilla debatirá hoy las ordenanzas de accesibilidad y de veladores, en la sesión ordinaria del Pleno municipal. La normativa que regula las terrazas de veladores se aprobará definitivamente, después de que su elaboración suscitase la polémica al adelantar el horario de cierre de las dos a la una de la madrugada, al subir la fiscalidad a determinados bares en función de las calles en las que se ubiquen y al elevar las sanciones disciplinarias hasta los 120.000 euros de multa para los casos más graves. En el caso de la ordenanza de accesibilidad, el documento será sometido a una aprobación inicial.

El Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha creado una ordenanza que regula las características, distancias y localización de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas para su consumo inmediato, como pueden ser bares, restaurantes o pubs.

La Delegación de Urbanismo de Don Benito ha ampliado el plazo de solicitud de terrazas hasta el próximo 30 de abril debido a que este año es el primero en que se pone en funcionamiento una nueva ordenanza para regular este tipo de instalaciones. Desde el Ayuntamiento aseguran que esta ordenanza se ha redactado con el fin de regular el aprovechamiento del dominio público por ocupación de terrazas, incorporando toda la legislación vigente.

El Equipo de Gobierno de Reinosa ya cuenta con el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente y de la Comisión informativa municipal de Urbanismo para llevar ante el Pleno del Ayuntamiento la aprobación inicial de la Modificación Puntual n.º 21 del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) relativa a las condiciones estéticas de los edificios residenciales de la ciudad.

El gobierno de Corvera modificará la ordenanza que regula la prestación del servicio de atención domiciliaria. El anuncio se produce después de que la portavoz del grupo municipal de Foro, Teresa Domínguez, presentase una moción en tal sentido, si bien en su solicitud, “que es lo que se vota”, puntualizó el concejal de Hacienda, Iván Fernández, utilizaba la expresión 'crear una ordenanza', “cuando ya existía. Lo que hay que hacer es modificarla, y por eso la rechazamos”, precisó.

Con los cambios se fija la presentación de un aval y el pago de impuestos al matricular el coche. La Ciudad tiene previsto aprobar la próxima semana una modificación de la ordenanza del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) que fijará los requisitos que deberán cumplir los concesionarios de coches a la hora de abonar el IPSI.