ALMERÍA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Así se ha puesto de manifiesto en la jornada formativa celebrada en la Ciudad de la Justicia de Almería sobre la implantación de la nueva Oficina Judicial en Andalucía organizada por la Consejería de Justicia e Interior, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, en la que el vocal del CGPJ Juan Martínez Moya ha impartido una conferencia.
En el acto han participado también el director general de la Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Justicia e Interior, Juan Rueda, el magistrado juez decano de Almería, David Villagra Álvarez, y la secretaria coordinadora provincial, María José Cañizares Castellano, una vez que El Ejido ha sido el primer partido judicial de Andalucía, junto al de Vélez-Málaga, donde se ha puesto en marcha la nueva oficina judicial.
La implantación de la nueva oficina judicial supone el desarrollo en Andalucía de un modelo "más eficiente de organización" de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, para ofrecer a la ciudadanía un servicio con mayor agilidad y calidad, según ha indicado la Junta en una nota.
La Consejería de Justicia e Interior ha desarrollado una "exhaustiva" planificación para la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía, en la que ha primado la coordinación a través de los Grupos de Trabajo de Implantación Local, donde participan representantes de funcionarios, Junta de Personal, Fiscalía, letrados de la Administración de Justicia y de la Administración autonómica.
Esa coordinación se ha complementado con una labor de sensibilización e información a los colectivos profesionales y ayuntamientos implicados, así como un plan de formación a los funcionarios sobre este proceso de modernización de la Administración de Justicia con más de 700 horas lectivas.
La nueva Oficina Judicial se organiza en torno a dos tipos de unidades: la Procesal de Apoyo Directo y el Servicio Común Procesal de Partido Judicial. La primera asiste directamente a los miembros de la judicatura y está dirigida por un letrado de la administración de Justicia, mientras que la segunda, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.
