MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Según ha informado el Ministerio de Justicia, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa recalca "la importancia" de que "todos los individuos e instituciones cumplan de manera efectiva las sentencias y decisiones" del Constitucional".
"Cuando una autoridad pública se niega a ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional, viola la constitución, incluyendo los principios del imperio de la ley, separación de poderes y el de cooperación leal entre instituciones públicas estatales y las medidas que impulsen la ejecución son legítimas", asegura el departamento dirigido por Rafael Catalá, citando el informe de la Comisión.
Justicia también subraya que el documento "hace un análisis del derecho comparado en esta materia" y concluye que "en Europa son varios los sistemas posibles". Uno de ellos es el de atribuir potestades de ejecución de sus sentencias al propio Tribunal, como sucede en España, país que ha seguido el modelo alemán.
El Ministerio también afirma que la Comisión valora el carácter general de la ley española que permite a cualquier parte interesada instar la ejecución, las garantías procedimentales que establece previas a la adopción de medidas de ejecución de las resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y la obligación de auxiliarlo en su puesta en práctica que incumbe a los poderes del Estado a todos los niveles.
"ALGUNAS RECOMENDACIONES"
Según Justicia, "todos los tipos de medidas previstas" en la modificación legal de 2015, incluida "la posibilidad de suspender transitoriamente en el ejercicio de sus funciones a cargos públicos, se consideran "adecuadas desde el punto de vista constitucional comparado". Eso sí, el Ministerio informa de que la Comisión ha hecho "algunas recomendaciones relativas a su aplicación práctica".
Con todo, destaca que el dictamen confirma "la legalidad" de la norma española aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta reforma tenía como objetivo dotar al Tribunal Constitucional --"institución básica para la defensa y garantía del Estado de Derecho", añade el comunicado-- de las herramientas suficientes para asegurar el cumplimiento efectivo de sus sentencias y resoluciones.
Y resalta que la ley que ahora se ratifica preveía que el Tribunal pudiera solicitar el auxilio de cualquier administración o poder público, con el Gobierno de la nación a su cabeza, que tienen la obligación de atender estas peticiones de colaboración de forma preferente y urgente.
"La modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de la X Legislatura conseguía así completar nuestro sistema permitiendo que el TC haga cumplir sus resoluciones tanto cuando afectan a ciudadanos como a instituciones, asegurando con ello la plena eficacia del Estado de Derecho", concluye el comunicado.
