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Fiscalía de Sevilla

La Fiscalía de Sevilla rebaja de 13 a 6 años de cárcel su petición de condena para el dueño de Contsa

21/12/2015
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La Fiscalía de Sevilla ha rebajado de 13 a 6 años de cárcel su petición de condena para el dueño de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, empresa que fue declarada en concurso con 1.658 acreedores y un déficit patrimonial de 87 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

En este sentido, las mismas fuentes consultadas han indicado que, durante la presentación este lunes de sus conclusiones finales en el juicio que se sigue en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, el Ministerio Público también ha rebajado su solicitud de condena para la exmujer de Salas, María del Carmen Bautista, que ha pasado de seis años a un solo año de prisión.

Las mismas fuentes consultadas han precisado a Europa Press que, en el caso de José Salas, la Fiscalía le ha pedido cinco años de cárcel y el pago de una multa de 9.000 euros por un delito de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, así como un año de prisión y multa de 14.400 euros por un delito de insolvencia punible.

Inicialmente, el fiscal había pedido para el dueño de Contsa tres años de cárcel y una multa de 7.200 euros por un delito societario --acusación que ha retirado--; siete años de prisión y multa de 9.000 euros por el delito de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, y otros tres años y multa de 14.400 euros por el delito de insolvencia punible.

Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado finalmente para la exmujer del acusado un año de cárcel y multa de 7.200 euros por un delito de insolvencia punible. Inicialmente, había pedido para la imputada cuatro años de prisión y una multa de 9.000 euros como cooperadora necesaria del delito de estafa, y dos años de cárcel y multa de 14.400 euros como autora del delito de insolvencia punible.

Las fuentes han precisado que el juicio, que se inició el pasado 19 de noviembre y se ha prolongado durante una decena de sesiones, concluirá este martes con la presentación de los informes finales por parte de las acusaciones particulares y de las defensas de los dos acusados.

En su declaración en el juicio, que estuvo plagada de evasivas como "no lo sé", "que yo supiera no" o "no lo recuerdo" y en la que trató de desviar la responsabilidad hacia el departamento de Contabilidad de la empresa, formado por seis personas más un asesor fiscal externo, Salas indicó que, cuando Contsa presentó concurso de acreedores en febrero de 2008, sólo tenía 600 acreedores, y no los 1.658 que fueron declarados por el Juzgado de lo Mercantil.

"EL CLIENTE ERA COMO UN SOCIO"

El imputado, que al igual que su exmujer se declaró inocente de los hechos que se le imputan, explicó que Contsa tenía como objeto social el sector inmobiliario "en todas sus vertientes", como son las subastas tanto judiciales como notariales o la compraventa de bienes inmuebles, señalando que la "gran mayoría" de su financiación partía de inversores particulares que suscribían unos denominados "préstamos participativos".

"El cliente era como un socio nuestro y participaba en la gestión de la empresa, como si fuera un fondo de inversión", describió José Salas, que incidió en que toda la documentación relativa a los contratos y sus posteriores prórrogas la llevaba el departamento de Contabilidad. "No tengo ni idea de cómo se hacía la contabilidad de los inversores, no soy experto y para eso tenía a seis personas en el departamento de Contabilidad", apostilló.

El dueño de Contsa llegó a afirmar: "no tengo que dar órdenes de nada al departamento de Contabilidad, ya sabía lo que tenía que hacer", todo ello durante un interrogatorio en el que aseguró que "no sabía lo que era en su momento un concurso de acreedores", punto en el que insistió en que fue el departamento referido el que se encargó de toda la información y documentación necesaria para el concurso presentado finalmente en febrero de 2008.

José Salas dijo no estar de acuerdo con el pasivo de 118 millones de euros que fijó el Juzgado de lo Mercantil.

CONDENA PREVIA

La juez Mercedes Alaya, que investigó el caso de los ERE fraudulentos o las irregularidades en los cursos de formación, ha sido designada como magistrada ponente de esta causa, en la que hay personados nuevos abogados en representación de distintas acusaciones particulares.

En octubre de 2014, la juez de lo Penal número 10 de Sevilla ya condenó a José Salas a un año y diez meses de cárcel y al pago de una multa de 3.336.358,25 euros por dos delitos contra la Hacienda Pública tras haber defraudado a Hacienda, mientras que absolvió a su exmujer.

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