SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)
En un auto fechado el pasado día 30 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia rechaza de este modo el recurso interpuesto por la defensa del imputado contra la fianza civil que le impuso en abril de 2014 la juez Alaya, para lo que se basó en su posible participación en la confección y aprobación de los ERE relativos a Calderinox, Aglomerados Morell, Surcolor, Intersur y Samec.
El tribunal dice que, "en cuanto a los indicios" que pesan sobre el ex alto cargo en relación con su posible participación en la aprobación "fraudulenta" de los ERE de Calderinox, Aglomerados Morell y Surcolor, la Sala ya se pronunció en un auto dictado en noviembre de 2013, aseverando que estos indicios "no se han desvirtuado por la práctica de diligencias posteriores que descarten esa realidad indiciaria".
Asimismo, y respecto a la participación de Rivas en la inclusión de tres 'intrusos' en el ERE de Intersur, como son Ricardo Medina Barrios, José Acevedo López y José Antonio García Prieto, el segundo de los cuales fue incluido en el ERE de Samec de 2007, la Audiencia indica que "todos ellos, al igual que Rivas, proceden de la localidad de Camas", mientras que "uno de ellos fue concejal del Ayuntamiento de Camas durante el mandato de Rivas como alcalde, otro de ellos es familiar y el tercero conocido".
"Esos indicios se refuerzan si se pondera que su familiar, José Acevedo, no solo fue incluido en el ERE de Intersur en el año 2003, sino también en el año 2007 en el ERE de Samec, no habiendo trabajado en ninguna" de estas empresas, asevera la Sección Séptima, que añade que también consta en las actuaciones la "participación directa" de Rivas en la confección del ERE de Intersur, ya que "requirió a través de su Delegación la aportación a la empresa de datos de trabajadores de 50 años, de cuya simple lectura se desprende que los intrusos mencionados no habían trabajado en Intersur".
INDICIOS "SUFICIENTES"
La Audiencia agrega que, además y respecto a Ricardo Medina Barrios, "consta un fax enviado desde la Delegación Provincial de Empleo a la aseguradora Vitalia, que suscribió la póliza colectiva de los trabajadores de Intersur en el que se ofrecían los datos personales y vida laboral de este intruso", por lo que "los indicios que pesan sobre el recurrente para adoptar las medidas cautelares que se cuestionan son suficientes para adoptar" la mencionada fianza civil.
Y es que, "mantenida la realidad de indicios de participación" de Antonio Rivas en hechos delictivos que pudieran constituir delito de malversación, se revela como necesaria la adopción de una medida cautelar (real) como la de aseguramiento de las eventuales responsabilidades pecuniarias", una medida que "es de razonable adopción una vez confirmada la concurrencia de severos indicios de criminalidad".
En su recurso, la defensa de Rivas se quedó de que la juez Alaya no razonara los porcentajes en los que se fija la cantidad total de la fianza civil impuesta, pero la Audiencia rechaza esta alegación "ya que se impone en cuanto a los intrusos la cantidad total de las primas abonadas por la Junta, a excepción del caso de Antonio Fernández Garzón en el ERE de Calderinox, que se concreta en el 50 por ciento".
"Este porcentaje en el caso de Fernández Garzón se justifica en el hecho de que tan solo se ha acreditado indiciariamente que Rivas intervino o participó en el suplemento de la póliza relativa" al mismo, "mientras que en los demás casos se infiere que Rivas fue el artífice de que los intrusos fueran incluidos en ERE de empresas en las que nunca había trabajado", razona la Sala.
"EXTRAMUROS DE LA NORMATIVA"
En cuanto al porcentaje en el que se funda la fianza para los supuestos de los ERE de Surcolor y Aglomerados Morell, la Audiencia explica que "se fija en atención a la participación" del exdelegado de Empleo "en la confección de unas ayudas sociolaborales realizado extramuros de la normativa de las leyes de subvenciones estatal y de la comunidad autónoma en el marco de la provincia de Sevilla, que ha sido la más beneficiada con la concesión de esas ayudas obtenidas de manera fraudulenta".
Por último, la Audiencia señala que, una vez fijada la cuantía de la fianza, "resulta palmario que el imputado ha de responder con todos sus bienes presentes y futuros".
