MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Así, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha advertido que el paso dado por las dos formaciones constituye "una falta de respeto" y evidencia un "deseo clarísimo" de no acatar la Constitución. "Pone en peligro al propio Estado democrático y, por tanto, el Estado tiene que defenderse", ha indicado.
DELITO DE SEDICIÓN CASTIGADO CON HASTA 15 AÑOS
Además, ha indicado que de aprobarse la declaración en el Parlamento catalán nos encontraríamos en un escenario "clarísimo" de sedición, castigada con penas de hasta 15 años para los dirigentes y de 8 para el resto de partícipes.
"Si se hace realidad podría dar lugar a poner en marcha no sólo actuaciones penales por la comisión de delitos sino también actuaciones como la suspensión de la autonomía y el resto de mecanismos legales de los que dispone el Estado", ha dicho.
En su opinión, los procedimientos judiciales que podrían derivarse de esta actuaciones afectarían a todos los parlamentarios que voten a favor como a los "promotores" de la iniciativa, entre los que se encontraría el actual gobierno en funciones, presidido por Artur Mas.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha recordado, por su parte, que en un Estado democrático "instituciones como el Parlament, corporaciones, colectivos, personas y empresas" pueden hacer "sólo lo que la ley les encomienda o permite" por lo que "guste o no guste" están sujetas a los mecanismos de supervisión y evaluación legislados.
"El Constitucional, en resoluciones anteriores, ya lo ha manifestado: el alcance de lo que puede hacer el Parlamento de Cataluña es el marcado en la Carta Magna", ha advertido. "La grandeza del Estado democrático es que todos, del primero al último, estamos sometidos al imperio de la ley", ha concluido.
Por su parte, Álvaro García, de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), se ha limitado a señalar a Europa Press que los límites en el ejercicio del poder están en la Ley y en la Constitución, que son la garantía contra las arbitrariedades, si bien las medidas legales a adoptar contra la propuesta del Parlament aún "son difusas" porque, de momento, no se ha adoptado ninguna resolución, tan sólo existe una "declaración de intenciones" sin trascendencia jurídica.
LOS PROGRESISTAS SE DESMARCAN
La asociación progresista Jueces para la Democracia se ha desmarcado de estas opiniones y ha defendido que la proclamación es una cuestión "estrictamente política" que debería ser resuelta a través del diálogo entre los partidos y las instituciones afectadas.
"Consideramos peligrosa la instrumentalización de los tribunales para resolver un conflicto de carácter político", ha indicado su portavoz Joaquim Bosch.