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TSJIB

Condenado el Gobiero balear a pagar 268.000 euros a la constructora de un centro para discapacitados

20/10/2015
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La instancia judicial ya determinó la celeridad con la que fue inaugurada la residencia, cuyas obras aún no estaban finalizadas

PALMA DE MALLORCA, 19 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha condenado al Govern a abonar 268.000 euros a la constructora que se encargó de las obras del centro para discapacitados físicos Joan Crespí de Palma, inaugurado dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2007,con la Reina Doña Sofía presente, pero que permaneció de obras otros dos años más porque no estaba finalizado.

La adjudicataria de los trabajos de construcción, Ortiz Construcciones y Proyectos, reclamaba en concreto 284.258 euros por los intereses generados a raíz del retraso en el pago de las 33 certificaciones de obra que figuran en el expediente. No obstante, el tribunal reduce la cantidad al excluir del cálculo cantidades que "no pueden nunca generar intereses de demora".

La Administración apuntaba, en cualquier caso, a la prescripción de la reclamación económica, al aseverar que las certificaciones de obra fueron pagadas entre 2005 y 2008 y los intereses fueron solicitados transcurridos más de cinco años después.

Frente a ello, la Sala arguye que no se ha producido la liquidación definitiva del contrato suscrito, como tampoco la devolución y cancelación de garantías a la concesionaria.

EL CENTRO FUE INAUGURADO "A TODA PRISA"

Se da la circunstancia de que en una anterior resolución, fechada en julio de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo determinaba además cómo el centro sanitario fue inaugurado "a toda prisa" lo que supuso, dado que las obras aún no estaban terminadas, la realización de trabajos provisionales que posteriormente acabaron siendo demolidos. Es más, la residencia permaneció cerrada durante los dos años siguientes.

La sentencia de la máxima instancia judicial de las islas recordaba la "relevancia pública" que se le dio a la inauguración del centro, con la asistencia de la Reina y autoridades públicas como el entonces presidente del Govern Jaume Matas -quien dos meses después concurriría a la reelección al cargo- y quien fuera entonces máxima responsable del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar.

Todo ello a pesar de que la ejecución de la instalación sociosanitaria aún no había finalizado, lo que llevó a realizar para la inauguración una serie de trabajos provisionales que posteriormente fueron desmontados y demolidos a fin de poder continuar, durante dos años más, las obras en la forma previamente estipulada.

La resolución precisaba que los trabajos se iniciaron en marzo de 2005 con un presupuesto de ejecución que ascendía a 5,7 millones de euros. Posteriormente, hubo dos proyectos modificados mientras que también se tramitaron 33 certificaciones por un importe total de 8,9 millones.

UN ACTO DE INAUGURACIÓN QUE COSTÓ 300.000 EUROS

Sobre el funcionamiento de la residencia, la exconsellera de Asuntos Sociales Fina Santiago recordó en un pleno del Parlament celebrado en septiembre de 2007 que al acto de inauguración que había tenido lugar meses antes se destinó la cantidad de 300.000 euros, pese a que, recriminó, únicamente sirvió para construir los escenarios por los que debía pasar la comitiva oficial, situados en la planta baja y en el primer y último piso.

La exalto cargo incidió en que el Govern de Matas hizo esta importante inversión "sólo para que Doña Sofía pudiera ver cómo teóricamente estaba en funcionamiento este centro", lo que, según denunció, provocó que las obras de la residencia se retrasasen tres meses.

De este modo, apuntó que los trabajos "se tuvieron que concentrar en las citadas plantas, para, posteriormente, desmontar los escenarios, con el fin de continuar con la construcción tal como tocaba".

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