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La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional asuma el caso de la fortuna ocultada de los Pujol

13/10/2015
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Cree que debe unirse al caso de presunto blanqueo cometido por el hijo mayor del expresidente

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción quiere que el juez de la Audiencia Nacional que investiga al hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol asuma también la investigación que dirige una juez de Barcelona contra buena parte de la familia por haber ocultado en Andorra una fortuna sin regularizar durante más de 30 años.

Según ha informado Anticorrupción en un comunicado, la Fiscalía ha presentado este viernes en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona un informe en el que pide que la juez se inhiba en favor del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía lo justifica porque cree que la investigación "sobre la regularidad del origen de la fortuna amasada por los hijos de Jordi Pujol Soley no puede desarrollarse de modo autónomo a la investigación de los hechos que se imputan" a Jordi Pujol Ferrusola, su primogénito.

Recuerda que la Audiencia Nacional investiga desde diciembre de 2012 a Jordi Pujol Ferrusola por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, tras una denuncia de su exnovia Victoria Álvarez que desprendía "el posible origen ilícito de la fortuna amasada por él y sus hermanos".

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona abrió una investigación tras el anuncio del expresidente de la Generalitat el 25 de julio de 2014 en el que reconocía la existencia de fondos en el extranjero titularidad de sus hijos y de su mujer.

SUPUESTO LEGADO

La versión de la familia es que esta fortuna tiene su origen en un legado familiar del padre del expresidente de la Generalitat, Florenci Pujol, de 1980, y que gracias a inversiones lo consiguieron multiplicar.

El juzgado de Barcelona --que mantiene imputados a Jordi Pujol, a su mujer, Marta Ferrusola, y varios hijos-- intenta averiguar si con este patrimonio oculto en Andorra durante más de 30 años pudieron haber cometido, entre otros, un delito contra la Hacienda Pública.

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