MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Según JpD, "se limitan los plazos de instrucción penal sin aportar más medios a los órganos judiciales, que padecen una grave situación de sobrecarga estructural" y cualquier persona que conoce los juzgados "sabe que será manifiestamente imposible el cumplimiento de dichos plazos, lo cual dará lugar al cierre en falso de las instrucciones o, en su caso, a dificultades para la aportación de elementos probatorios para la vista oral".
Todo ello resulta especialmente preocupante en los procedimientos por corrupción, según la asociación de jueces, que señala que se facilitará la impunidad en numerosos casos. "
Por otro lado, resulta bastante llamativo que las posibles prórrogas de dichos plazos no las pueda acordar de oficio el órgano judicial instructor, sino únicamente a petición del Ministerio Fiscal, lo cual demuestra una preocupante desconfianza del Gobierno en la independencia de la judicatura", añaden.
Pese a estas afirmaciones, el artículo reformado de la LECrim establece que "excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores o, en su caso, de la prórroga que hubiera sido acordada, si así lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las partes personadas, por concurrir razones que lo justifiquen, el instructor, previa audiencia de las demás partes, podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción". Es decir, las partes también podrían excepcionalmente pedir una prórroga.
En todo caso, desde JpD critican que se haya optado por modificaciones puntuales de una Ley que data del siglo XIX en vez de crear una nueva. "En esta legislatura ha vuelto a quedar en el cajón un nuevo proyecto de código procesal penal, a pesar de que se ha dispuesto de cuatro años de mayoría absoluta para diseñar un instrumento adecuado a las necesidades de la sociedad", concluyen.
