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Modernización de la Justicia

Catalá acoge la petición de Cantabria del séptimo juzgado en Torrelavega, que podría estar para comienzos de 2016

08/10/2015
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha acogido la petición del Gobierno de Cantabria de que se cree el séptimo juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Torrelavega con lo que este órgano judicial podría estar ya en funcionamiento a comienzos de 2016, tras la aprobación del preceptivo Real Decreto.

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado el Ejecutivo regional tras la Conferencia Sectorial de Justicia que se ha celebrado en Madrid, presidida por Catalá, y a la que ha acudido el consejero de Presidencia y Justicia de Cantabria, Rafael de la Sierra.

El titular de Justicia de la comunidad ha defendido ante el ministro la necesidad de este juzgado, una petición que, según ha dicho, es "unánime" y que comparten todos los operadores jurídicos, instituciones políticas y sociales de la región.

De la Sierra ha apuntado que el Ministerio ha "compartido" las argumentaciones y justificaciones presentadas por Cantabria dada la carga actual de los seis juzgados de Torrelavega, que "es una de las más altas de todos los órganos judiciales de Cantabria".

Según ha explicado, los datos del Poder Judicial confirman el "déficit" de los juzgados en Torrelavega, con "problemas de sobrecarga de trabajo tanto en el ámbito civil como penal".

Al mismo tiempo, De la Sierra ha expuesto al ministro la disposición de la comunidad de poner todos los medios para dotar al nuevo juzgado, haciendo frente a los gastos personales y materiales en los presupuestos regionales.

En cuanto al resto de necesidades en la planta judicial de Cantabria, ha indicado que Cantabria continuará planteando al Ministerio de Justicia la creación de otros órganos judiciales, con el fin de que conjuntamente se dé "solución a los problemas de sobrecarga de los juzgados".

En particular, De la Sierra ha planteado la creación de un juzgado Mercantil-Civil en Santander, una propuesta "bien valorada" por el Ministerio, que podría ponerse en marcha en el año 2017.

COMUNICACIONES TELEMÁTICAS

Además, en la Sectorial de Justicia, se ha abordado la situación de las comunidades autónomas para suprimir el papel en los juzgados y tribunales desde el próximo 1 de enero de 2016, una reforma introducida por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece las comunicaciones telemáticas entre profesionales.

De la Sierra ha precisado que los órganos judiciales de Cantabria están en condiciones de implantar las comunicaciones telemáticas entre operadores jurídicos a partir del 1 de enero de 2016, tal y como prevé la Ley, dado que se trata de un proyecto "muy desarrollado" en Cantabria.

Un "avance" respecto a otras comunidades autónomas que De la Sierra ha atribuido al sistema informático implantado en Cantabria, denominado 'Vereda'. Según ha indicado, se trata de una plataforma judicial "más avanzada y practica", puesto que integra tanto el procesador de los expedientes judiciales, como las notificaciones, permitiendo en una único sistema la informatización integral de la Justicia.

MEJORAS EN EL REGISTRO CIVIL

En el ámbito también de las nuevas tecnologías, se ha analizado el estado del proyecto para la tramitación de las inscripciones y defunciones de forma telemática en los registros civiles, tal y como prevé la última reforma de la ley.

Una comunicación con la que se promoverá el pertinente expediente en el registro civil con el fin de evitar desplazamientos y reducir las cargas administrativas.

EXPERIENCIA PILOTO

El consejero de Justicia cántabro ha avanzado que Cantabria organizará una experiencia piloto con este objetivo por lo que desarrollará un sistema y la formación precisa para hacer efectiva las comunicaciones entre el hospital Valdecilla y el Registro Civil de Santander.

Por otro lado, Cantabria se ha interesado por el estado del proyecto de real decreto que regula las oficinas de recuperación y gestión de activos derivados de delitos de tráfico de estupefacientes, así como el que amplía las competencias del Instituto de Medicina Legal.

En este último caso, con el objeto de que los médicos forenses realicen pruebas prejudiciales en reclamaciones civiles por accidentes de tráfico, para lo que se estudia establecer un precio público que será sufragado por las aseguradoras.

De la Sierra ha transmitido la "voluntad colaboradora" de Cantabria en la puesta en marcha de las nuevas herramientas informáticas y cualquier otra iniciativa que mejore el servicio público de la Justicia.

A su juicio, "solo con trabajo en equipo, con actuaciones conjuntas y coordinadas, y en colaboración con los agentes implicados a nivel autonómico y nacional podremos llevar a cabo el proceso de cambio que necesita la Administración de Justicia".

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