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La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; por Rafael Catalá, Ministro de Justicia

01/10/2015
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El día 1 de octubre de 2015, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Rafael Catalá, el cual el autor considera que adecuado uso de las nuevas herramientas procesales nos proveerá a todos de un espacio más seguro, de una Justicia más eficaz y de un Estado de Derecho más fuerte.

LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

De poco sirven los más modernos y veloces vehículos si no se dispone de autopistas adecuadas que permitan su empleo y faciliten la optimización de sus prestaciones. De nada sirve la reciente actualización del Código Penal a las nuevas formas delictivas si no se provee a policías, jueces y fiscales de eficaces mecanismos de investigación capaces de detectar y perseguir al delincuente del siglo XXI, mucho más sofisticado en sus métodos, tecnificado, camaleónico, internacionalizado e informado.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, tantas veces reformada desde que el 14 de septiembre de 1882, con el impulso del ministro de Gracia y Justicia, Alonso Martínez, viera la luz, requería sin duda de una notable puesta al día. Este Gobierno, comprometido como lo está en la lucha contra el delito y la agilizacion de la justicia, ha querido hacer de su actualización un eje esencial de la nueva política criminal

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hay que interpretarla, como todas las que ha impulsado el Ministerio de Justicia en esta legislatura, en clave de regeneración democrática, de fortalecimiento de los derechos de las víctimas y de compromiso con una Justicia más ágil, más cercana y más próxima a las necesidades de los ciudadanos.

Con ese objetivo, hemos mejorado los instrumentos en la lucha contra la corrupción mediante la incorporación de un nuevo procedimiento de decomiso autónomo, que permitirá incautar el patrimonio proveniente de actividades ilícitas, incluso en el supuesto de que los responsables sean ilocalizables o por determinadas vicisitudes consigan sustraerse del procedimiento penal. Constituye un objetivo prioritario de este Gobierno asegurar que nadie puede seguir lucrándose con los bienes que ha obtenido de manera fraudulenta. A través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se destinarán estos recursos al fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra la delincuencia organizada y al desarrollo de programas sociales.

Gracias a esta reforma hemos fortalecido el derecho de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva, fomentando, como contrapeso a las demás medidas, y en cumplimiento de los deberes constitucionales, los derechos del investigado. Toda sentencia podrá además ser revisada por un tribunal colegiado superior mediante la generalización de la segunda instancia, como exigen las normas internacionales.

Hemos hecho más iguales a los ciudadanos ante la ley, al extender la función unificadora de la doctrina del Tribunal Supremo a todo delito. Gracias a la ampliación del ámbito del recurso de casación, los criterios de interpretación de los nuevos tipos delictivos serán los mismos en todo el territorio nacional.

A través de esta reforma hemos favorecido la lucha contra la delincuencia, especialmente en sus formas más graves, mediante la regulación, con todas las garantías, de las intervenciones telefónicas y telemáticas, las escuchas orales, la figura del agente encubierto informático, los seguimientos mediante medios técnicos o los registros remotos de equipos informáticos. Dotar de estas herramientas a los que tienen encomendada la defensa de los derechos de los ciudadanos, es un compromiso y una obligación de los poderes públicos.

Al mismo tiempo, haciéndonos eco de una demanda social insoslayable, hemos instado a jueces, fiscales y policías a una mayor celeridad en la instrucción de las causas, mediante la fijación de plazos máximos para la instrucción; y una simplificación de las investigaciones, mediante la modificación de las reglas de conexidad delictiva, de modo que cada instrucción se vincule con un solo delito y, donde no sea posible, primen razones de economía procesal y racionalización de la prueba, para valorar la acumulación de procedimientos. Se trata de acabar con los conocidos macroprocesos, que a nadie satisfacen. Ni a los encausados, que ven comprometida su situación sine die, ni a la sociedad, que no encuentra justicia en las eternas imputaciones.

Con esta reforma, en definitiva, nos hemos colocado a la vanguardia de Europa en materia de persecución penal del delito.

El adecuado uso de las nuevas herramientas procesales que estamos seguros harán los operadores jurídicos, nos proveerá a todos de un espacio más seguro, de una Justicia más eficaz y, a la postre, de un Estado de Derecho más fuerte. El potente vehículo que es nuestro nuevo Código Penal tiene desde hoy una autopista moderna y adaptada a sus características. Solo queda empezar a transitarla.

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