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El precio de la dignidad; por Antonio Hernández-Gil, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

21/09/2015
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El día 20 de septiembre de 2015, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Antonio Hernández-Gil, en el cual el autor opina que hay países que tramitan lenta e ineficazmente las solicitudes de asilo y que contribuyen a dar una imagen de insolidaridad colectiva cuestionando la necesaria asignación por Bruselas de cupos de refugiados, que la realidad se encargará de superar dramáticamente.

EL PRECIO DE LA DIGNIDAD

En enero de 1986 The New York Times publicaba un provocativo artículo de Julian L. Simon: La subastad el derecho a ser un inmigrante. La idea ha ido reapareciendo de forma recurrente: el premio nobel de economía Gary S. Becker la retomó en 1987 (Por qué no dejar que los inmigrantes paguen por una entrada rápida) y en febrero de 2005 él y el juez Richard A. Posner la incluyeron en su blog bajo el lema Vender el derechoa inmigrar. Sobre la base de que los inmigrantes pueden reducir el bienestar social en los Estados Unidos y sólo los que crean beneficios netos para ese sistema de bienestar contribuyen a la fortaleza y prosperidad de la nación, Becker y Posner proponen resolver “el problema del inmigrante indeseable” (por acceder gratis a los servicios estatales) mediante un doble proceso. En un primer momento se haría el escrutinio de los inmigrantes por edad, salud, coeficiente intelectual, antecedentes penales y capacidad lingüística. Para quienes lo superaran, se estimaría el coste neto (descontado a valor presente) de su incorporación al país y esa cantidad se le cobraría para concederle el permiso de inmigración, por ejemplo, 50.000 dólares por permiso. Se ofrecían dos alternativas: que el escrutinio inicial sirviera sólo para denegar temporalmente el acceso a ciertos programas sociales, y que se subastaran algunos visados con el fin de que sólo apostaran los convencidos de sus posibilidades de integración. El sistema se extendería a los refugiados ya que, sin necesidad de tediosas comprobaciones, permitiría separar -por el mayor precio que el solicitante estuviera dispuesto a pagar- los auténticos casos de persecución o inseguridad en el país de origen de los meros intentos de beneficiarse del sistema. El filósofo Michael J. Sandel lo recuerda en su libro Lo que el dinerono comprar (2012), sobre los límites morales de los mercados. Sandel, de forma muy inteligente, nos sitúa ante los excesos y la inmoralidad -sin llamarla así- a que conduce dejar la vida social al libre juego del mercado en terrenos como la inmigración, la educación, la justicia, la prostitución, el deporte, la salud, o la contaminación ambiental, para concluir en esta pregunta: “ al final, la cuestión de los mercados es realmente la cuestión de cómo queremos vivir juntos. ¿Queremos una sociedad donde todo se vende? ¿O existen ciertos bienes morales y cívicos que los mercados no honran y que el dinero no puede comprar? “

Hay que poner ese discurso en el contexto de un país hecho a verse como objeto del deseo para los extranjeros. Sus políticas de inmigración no se apartan demasiado de aquellas propuestas: uno de los medios de ganar la greencard es invertir 500.000 dólares, orientados a la creación de empleo; otro, resultar agraciado en la lotería anual de 50.000 visas que organiza la administración, asignando cupos por países para primar a los que tienen bajas tasas de migrantes y favorecer la diversidad. La inmigración es un privilegio.

Claro que la situación es muy distinta vista del otro lado de la frontera, desde las necesidades vitales del migrante, sea por razones económicas o por el riesgo vital de quedarse en países con altos niveles de inseguridad, algo no tan diferente de la miseria que preferimos ignorar. Europa, que nunca fue una isla y ha visto crecer el humanismo cristiano, tiene una visión diferente. El liberalismo y la economía de mercado no han eclipsado tanto la ética social. Aquí difícilmente se plantearían -aún académicamente- ideas tales como subastar permisos de residencia o disponer en las fronteras una vía rápida ( fasttrack) para el acceso de los inmigrantes con recursos, aunque en España también haya libertad de establecimiento para quien invierta 500.000 euros en un inmueble. Sin embargo, entre los europeos la crisis ha hecho que gane peso el “pragmatismo” de cerrar las fronteras a unos extranjeros -refugiados o no- cuya incorporación masiva desestabiliza la precaria economía que se supone hemos de reservar para que nuestros ciudadanos accedan al bienestar que pagan con sus impuestos. Hay países que tramitan lenta e ineficazmente las solicitudes de asilo -pese a ser una obligación impuesta por tratados internacionales- y que contribuyen a dar una imagen de insolidaridad colectiva cuestionando la necesaria asignación por Bruselas de cupos de refugiados, que la realidad se encargará de superar dramáticamente.

Pedir que las fronteras se suavicen, o que se conviertan en un factor de inclusión y no de exclusión para marcar hasta donde alcanza la responsabilidad de los gobiernos en mejorar las condiciones de vida de todos, nacionales o no, parecerá hoy una ingenuidad. Mas la lógica -la lógica de la respuesta ante la desigualdad- es implacable: la economía es la primera justificación para discriminar al migrante que va a representar un coste neto para el país, aumentando la carga tributaria de sus ciudadanos y/o disminuyendo su dosis de bienestar. Y establecida esa razón de mercado, queda la gran diferencia objetiva capaz de justificarlo todo: el origen. Nada nos divide en mayor medida hasta hacernos “tolerar”, como si fuera irremediable, la desigualdad entre nacionales y extranjeros. Por eso el artículo 14 de nuestra Constitución circunscribe el derecho de igualdad a “los españoles” y el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país “, sin que exista el derecho a entrar en un país ajeno, con la única excepción del derecho de asilo. La razón de Estado se erige sin discusión en una frontera infranqueable. Pero, no nos engañemos, esa razón vuelve a ser, en la mayoría de los casos, la pura economía y una concreta manera de administrarla en favor de quienes no tienen otro mérito que el de haber nacido en el interior de unos territorios privilegiados.

¿Nos parece moralmente correcto dejar que un hombre muera en la calle por lo que cuesta atenderle? ¿Y si la calle está dividida por una frontera y el hombre queda del otro lado? ¿Cuántos metros hacen falta para desentendernos? ¿O necesitamos un muro para marcar la distancia, para no ver? ¿Cómo se percibe el mundo en la estación de Budapest según se esté dentro o fuera de un tren sin destino? La diferencia no radica en la geografía, que hoy cabe en un recuadro de plasma, sino en quién paga y en cuán alto va a ser el precio de ayudar a sobrevivir. Como cuando en España, a la hora de justificar un mayor grado de asistencia sanitaria para inmigrantes “sin papeles”, se invoca el mayor coste de no atender enfermedades que luego requerirán asistencia urgente, una prestación social que no se va a regatear y que probablemente será más cara. La economía primero, el derecho a la salud después.

Todo esto lo sabemos, pero no lo vemos hasta que los migrantes, a miles, atraviesan nuestros países y sufren dentro de ellos; hasta que nuestros respectivos mundos deflagran al entrar en contacto: un guardacostas se acerca a un niño que yace en la playa y lo toma entre sus brazos mientras el fotógrafo capta el momento. No hace falta saber que el agente es turco, el niño sirio y su familia navegaba hacia la isla griega de Kos. También murieron su hermano y su madre. Un niño es todos los niños. Como decía Virginia Woolf, nuestra falta de reacción tiene que ver menos con la moralidad que con la imaginación: somos incapaces de ver el dolor de los demás. La foto no deja margen para sofisticadas justificaciones económicas y, ante los discursos dubitativos de unos dirigentes sorprendidos, nos hace la pregunta precisa: ¿existen bienes morales y cívicos que el dinero no puede comprar y que la austeridad no puede abandonar a su suerte, aunque cuesten?

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