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Una reforma ahora imposible; por Ramón Rodríguez Arribas, ex Vicepresidente del Tribunal Constitucional

14/09/2015
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El día 14 de septiembre de 2015, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Ramón Rodríguez Arribas, en el cual el autor considera que en estas condiciones sociales, políticas, económicas y jurídicas no parece que una reforma constitucional pueda prosperar, y empeñarse en iniciarla condenada al fracaso puede provocar, en un momento inoportuno, otra crisis institucional.

UNA REFORMA AHORA IMPOSIBLE

En pleno agosto, el director de este periódico, ante la desatada carrera en pos de una reforma constitucional, trazó lúcidamente las dificultades de carácter social y político que presenta, en el momento actual, tratar de modificar el texto de nuestra primera Ley. Me atrevo ahora a añadir algunas consideraciones jurídicas, y algo más, reforzando aquellas ideas, que comparto.

El extremismo marxista-leninista, extrañamente resucitado (empecemos por llamar a las cosa por su nombre) lo que pide es “un periodo constituyente”, descerrajando la Constitución misma para hacer otra nueva, proceso que sería, en realidad, de carácter revolucionario; el pretexto lo tratan de encontrar en la dificultad para la modificación de la Constitución, con lo que vienen a reconocer que de lo que carecen es de las mayorías suficientes para obtener esa reforma, según lo que establecen los artículos 167 y 168 de la propia Constitución. Por su parte, los separatistas (recordemos que no solo los hay en Cataluña), con similares argumentos sobre el blindaje de la Constitución, reclaman “el derecho a decidir” ellos solos, o en unión con los demás vecinos de la comunidad autónoma, reconociendo también que si cuentan con el resto de los españoles -que es con los que tienen que contar- tampoco alcanzan, ni por aproximación, mayorías suficientes para lograr, dentro de la legalidad vigente, su propósito. Hay que destacar la terrible coincidencia entre el viejo bolchevismo y el igualmente rancio nacionalismo y el absoluto desprecio de ambos por la esencia de la democracia que está tanto en el respeto al orden jurídico como en el acatamiento de la voluntad mayoritaria expresada dentro de las leyes, y nunca fuera de ellas; estamos otra vez en el camino del totalitarismo, dando una peligrosa marcha atrás en la historia.

Los que pretenden el asalto a un inexistente “palacio de invierno”, como ha recordado recientemente y en estas mismas páginas Javier Rupérez, ven en la Constitución española de 1978 un obstáculo que quieren derribar, lo que resulta coherente con su propósito. Los que pretenden llevar a cabo la separación de un trozo de España, ejerciendo un nacionalismo radicalizado, que es como suelen acabar estas ideologías hechas de sentimientos y fantasías, también manifiestan su intención de aniquilar el orden jurídico que estorba a sus disparatadas ecuaciones políticas, que acaban tendiendo hacia un ridículo imperialismo. En este caso, además, su enemiga a la Constitución es profundamente injusta, si se mira sin ojos oscurecidos por un odio irracional a todo lo español, porque gracias a la Transición y su resultado normativo Cataluña ha disfrutado de un largo periodo de paz en libertad, con prosperidad que ha resistido a la crisis y con un grado de autonomía y respeto a instituciones y costumbres catalanas que nunca antes existió.

Y cuando hablan desde esta perspectiva nacionalista de las dificultades para la reforma de la Constitución olvidan o ignoran -no se sabe qué será peor- que esa misma protección constitucional es la que ampara y blinda la autonomía; no solo porque en el artículo 2.º de la Constitución, al mismo tiempo que se proclama la unidad de la Nación española, se reconoce y garantiza la autonomía de las regiones y nacionalidades, sino porque para la reforma de los estatutos de autonomía la iniciativa solo puede partir de la propia comunidad autónoma afectada. Así lo establece el artículo 152.2 CE, en relación con los artículos 222 y 223 del vigente Estatuto de Cataluña; y fuera de esa iniciativa la única manera jurídicamente posible de modificar el Estatuto sería la reforma constitucional, con lo que las dificultades de esa reforma vienen a cubrir también con la misma fuerza la reforma de la autonomía.

Queda, pues, claro que tanto con unos como con otros renovados extremismos no es posible contar para acometer ninguna reforma de la Constitución, por la sencilla razón de que lo que quieren es destruirla.

El Partido Socialista anuncia el apoyo a una reforma hacia un Estado federal, pero asimétrico, en el sentido de otorgar a Cataluña un estatus singular financiero y cultural, lo que incurre en una flagrante contradicción con la estructura esencialmente igualitaria de todos los Estados federales que existen. Una reforma de esta naturaleza, aparte de llevar consigo la inevitable protesta de otras comunidades autónomas, conduciría a poner el nombre de federal a algo que en realidad sería otra cosa.

Por su parte, el Partido Popular ha acabado hablando de una reforma constitucional solo sobre la base de un amplio consenso, y ahí es donde está la mayor dificultad, porque, si bien habrá quienes pretendan acentuar aún más el proceso autonómico, también habrá los que pretendan todo lo contrario, y la anunciada redefinición de las competencias estatales provocará un debate que difícilmente puede terminar en una concertación de suficiente mayoría.

En lo que parece que está más gente de acuerdo es en la modificación de la preferencia del varón en la sucesión a la Corona, del artículo 52.1 CE, pero para realizar esa reforma hay que acudir a la llamada “fórmula agravada” del artículo 168 CE, lo que obligaría, tan pronto se consiguiera el doble acuerdo de Congreso y Senado, a la disolución anticipada de las Cortes Generales y a la convocatoria de nuevas elecciones, exigencia que tampoco será fácil lograr, porque supondrá el suicidio político del presidente del Gobierno que tome tal decisión y, además, sería un factor de desestabilización en un momento de crisis económica aun no completamente superada.

En estas condiciones sociales, políticas, económicas y jurídicas no parece que una reforma constitucional pueda prosperar, y empeñarse en iniciarla condenada al fracaso puede provocar, en un momento inoportuno, otra crisis institucional, y ya tenemos bastantes.

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