VITORIA, 10 (EUROPA PRESS)
Junto a Jiménez, la Sección Segunda de la Audiencia de Álava ha absuelto a las otras cuatro personas procesadas por este caso, todas ellas vinculadas con dos empresas que habían sido destinatarias de las subvenciones.
El tribunal argumenta su decisión en el hecho de que la defensa "ha presentado abundante prueba" de la existencia de los trabajos contratados, así como en los "indicios positivos que avalan la existencia del trabajo efectuado y la correcta facturación".
Respecto a la "veracidad" de las facturas presentadas, manifiesta que existe "una duda razonable" al respecto, por lo que ésta ha de interpretarse de acuerdo al principio de "en favor" del acusado.
Además, manifiesta que el dinero cobrado a la Diputación por parte de las empresas parece "razonable", dado el coste de los servicios que deben subcontratar las empresas investigadas.
Tanto la Fiscalía y la Diputación de Álava, que ha ejercido de acusación particular, consideraban que entre 2000 y 2006 el exjefe del Servicio de Transportes desvió subvenciones e incurrió en delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude, falsedad en documento oficial y estafa.
En sus escritos de acusación, acusan a Jiménez de haber urdido un plan para propiciar que las empresas de transportes contrataran servicios de publicidad a las empresa SAA y FATCO, de la que son administradores o socios los otro cuatros acusados.
Estos servicios --según aquellos escritos-- "o no se presentaron o se facturaron por precio notablemente superior al real", por lo que las acusaciones denunciaban que las empresas habrían obtenido subvenciones por importe de casi 1,5 millones de euros que no correspondía otorgar.
Por ese motivo, Fiscalía y acusación particular solicitaron para Jiménez siete años de prisión y multa de 12.960 euros o, subsidiariamente, ocho años de cárcel, así como otras penas de inhabilitación.
CONDENAS Y MULTAS
Para el resto de imputados reclamaban condenas de seis años y un día de cárcel y 8.640 euros de multa para cada uno de ellos o de seis años de cárcel, con carácter subsidiario. También exigían una indemnización conjunta a la Diputación alavesa, en concepto de responsabilidad civil, de casi 1,5 millones de euros.
El jefe del servicio de Transporte fue destituido en noviembre de 2006 por decisión del ex diputado general de Álava Javier de Andrés, que denunció los hechos a la Fiscalía de Vitoria, que ha impulsado la investigación del asunto.
