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La Audiencia Nacional rechaza que la 'caja B' del PP se investigue en los juzgados de Madrid

30/07/2015
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El PP se adhirió a la petición argumentando que el supuesto fraude no tuvo "repercusión en la economía nacional"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de rechazar la petición realizada por los arquitectos Gonzalo Urquijo y Belén García, que renovaron la sede del Partido Popular (PP) en la calle Génova de Madrid, para que la causa sobre la 'caja B' de la formación se investigue en los juzgados de Plaza de Castilla.

En un auto notificado este miércoles la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal señala que el actual no es el "momento procesal" para realizar esta petición y que esta causa, que es una pieza separada del 'caso Gürtel', se refiere a "unos hechos" que se han investigado en "un único proceso seguido ante un órgano judicial" y en el que nunca se ha visto "desdibujada" la competencia "asignada y confirmada".

De la Mata rechazó el pasado 15 de junio esta pretensión, a la que se adhirió el PP, en un auto en el que consideraba "evidente" la conexión de la causa sobre la contabilidad B de los 'populares' con las actividades de la trama Gürtel y señalaba que no es "arbitrario ni irrazonable" que este procedimiento continúe siendo competencia de la Audiencia Nacional.

La formación presidida por Mariano Rajoy argumentó en un escrito que la defraudación a Hacienda no había tenido "repercusión en la economía nacional", por lo que no sería competencia de la Audiencia Nacional. De la Mata, sin embargo, argumentó que la atribución de esta pieza a este tribunal se determinó desde el primer momento con la "aquiescencia de las partes", incluida la defensa de Urquijo.

APERTURA DE JUICIO ORAL

El juez De la Mata abrió juicio oral en mayo pasado contra los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente del PP Cristóbal Páez, los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero. Además, consideró que el partido debe ser juzgado como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que estos habrían cometido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció una fianza civil de 1,2 millones de euros para la formación presidida por Mariano Rajoy. En concreto, reclamaba algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, que renovó Génova, y 220.000 por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008, en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros.

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