MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El magistrado de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha cursado una comisión rogatoria para interrogar en Francia a ocho jefes de la organización terrorista ETA que están recluidos en cárceles del país en el marco de la causa en la que investiga los delitos de lesa humanidad atrubuidos a la banda.
González quiere tomar declaración en calidad de imputados a Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki'; Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; María Soledad Iparaguirre Genetxea, 'Anboto'; Mikel de Kabikoitz Karrera Sarobe, 'Ata'; Gorka Palacios Alday; Aitzol Iriondo Yarza; Jurdan Martitegui Lizaso y Aitor Elizaran Sarasola.
Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga a los jefes de ETA desde octubre de 2004 por delitos de lesa humanidad, asesinatos y detenciones ilegales, señala que la actividad de la banda constituyó "un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella".
Según apunta, las víctimas de estos delitos fueron miembros de "colectivos perseguidos por razones políticas e ideológicas cuya eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción o el terror" fue considerada por la banda como "estratégicamente necesaria para la consecución de sus objetivos políticos".
"DIRECCIÓN GLOBAL" DE LA BANDA
En este contexto, el juez dirige la acción penal contra "quienes como integrantes de los órganos directivos de la banda terrorista, constitutiva de una estructura de poder perfectamente organizada, hubieran asumido la dirección global y las responsabilidades decisorias con perfecto dominio de la organización".
El magistrado abrió esta investigación el pasado 10 de julio al admitir las querellas interpuestas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas de ETA, que han recurrido ante la Sala de lo Penal la decisión del juez de no imputar a los líderes de la organización terrorista un delito de genocidio, informaron fuentes jurídicas.
González también pidió a los Servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que informen "a la mayor brevedad posible" de las causas abiertas relacionadas con asesinatos o secuestros cometidos por la banda desde el 1 de octubre de 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad fue incorporado al Código Penal.
El juez, que también solicitó que los "integrantes de los órganos directivos de ETA" desde esa fecha sean identificados, señalaba que la actividad de la banda estaba dirigida contra colectivos que fueron perseguidos por "razones políticas e ideológicas" y que se buscó su "eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción y el terror". El delito de lesa humanidad está castigado con penas de entre 20 y 30 años de cárcel.
LA SALA REABRIÓ EL CASO
La imputación de los dirigentes de ETA por genocidio y lesa humanidad fue planteada en una querella presentada en agosto de 2013 por parte de un familiar de una víctima de los 326 asesinatos cometidos por la banda terrorista que se declararon prescritos, que se retiró de la causa.
En febrero de 2014 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal obligó al juez Javier Gómez Bermúdez a instruir la querella, que inicialmente fue interpuesta contra los dirigentes de ETA Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, 'Txikierdi'; Eugenio Echebeste, 'Antxon'; José Luis Ansola Larrañaga, 'Peio el Viejo'; Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito'; y José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'.
Entonces el juez Javier Gómez Bermúdez pidió al Cuerpo Nacional de Policía, a la Ertzaintza y a la Guardia Civil que le remitiera informes sobre los fines perseguidos por ETA desde su constitución hasta la actualidad y sobre los integrantes de las diferentes cúpulas.
