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Caso ERE

La juez Núñez ordena a la UCO investigar un posible enriquecimiento del exdelegado de Vitalia en Sevilla

16/07/2015
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La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elabore un informe específico sobre la situación económica del exdelegado de Vitalia en Sevilla Jesús María Bordallo, sobre su "posible enriquecimiento patrimonial" desde 2000 a 2010, y que informe de su situación económica actual y de las rentas de la unidad familiar.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ordena la instructora en un auto fechado el día 13 de julio, y al que ha tenido acceso Europa Press, donde rechaza un recurso del imputado para que le concediera una pensión de 1.251,07 euros con cargo a los 76.867,72 euros que había ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado.

El imputado también había pedido la concesión de 958 euros para abonar las deudas contraídas y el levantamiento de los embargos trabados sobre sus cuentas corrientes y productos bancarios, mientras que de manera subsidiaria había solicitado una pensión de alimentos por importe del salario mínimo interprofesional más el gasto de hipoteca.

La defensa del imputado argumentó en su recurso que las medidas cautelares se acordaron hace más de dos años "sin que en este tiempo se hayan practicado diligencias tendentes a clarificar lo que denomina una valoración indiciaria de una situación patrimonial y económica que se realizó en base" a informes de la UCO.

La juez, en este sentido, recuerda que la Audiencia Provincial de Sevilla ratificó la adopción de las medidas cautelares, no obstante lo cual "ha de considerarse una nueva circunstancia invocada", como es "el tiempo transcurrido desde que se establecieron y, sin duda, como se señala en la resolución recurrida, el hecho de que no se prevea la resolución de este proceso a corto plazo".

Así, pone de manifiesto que el imputado "actuaba sin capacidad de decisión bajo la dirección" del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, "aún cuando conocía de la existencia de intrusos, siendo relevante determinar si Bordallo participó en actividad alguna con ánimo de lucro que le reporte beneficio económico".

Por ello, considera "necesario" solicitar la realización de un informe específico de la situación económica de Bordallo entre 2000 y 2010, "teniendo en consideración los errores invocados por el recurrente para, con su resultado, acordar sobre el mantenimiento de las medidas adoptadas, teniendo en consideración el tiempo transcurrido desde la adopción de las medidas, el tiempo que queda para dar por finalizado definitivamente este proceso, y e carácter provisional que cualquier medida cautelar tiene en esencia".

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