MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha presentado un documento de propuestas para mejorar la Administración de Justicia en el que propone, entre otras iniciativas, implantar plazos máximos de "tramitación y señalamiento" para los procedimientos, como ya ocurre en algunos ámbitos de la sanidad y la educación.
Así consta en un documento denominado 'Ocho líneas básicas para la Justicia en 2015' en el que la organización plantea la necesidad de hacer frente a "la actual situación de estancamiento en la modernización" del sistema judicial y denuncia que la inversión pública en la Justicia está "mal enfocada".
El sindicato también defiende la eliminación de la "participación indirecta" de los partidos políticos en el sistema de ascensos de la carrera judicial y limitar las competencias de los presidentes de los tribunales, jueces decanos o salas de gobierno que impliquen cualquier función ejecutiva propia del Gobierno central y autonómico.
Propone, además, modificar el sistema de acceso a la carrera judicial, al considerar que las actuales oposiciones se basan en la memoria de los candidatos y que su "excesiva duración" dificulta el acceso a la misma de una gran parte de la sociedad.
REFORMA DEL INDULTO
También reclama la "inmediata y urgente" reforma de la ley reguladora del indulto, adaptándolo a los parámetros de una "democracia avanzada" y evitando "arbitrariedades en la concesión o la denegación por razones que no sean estrictamente terapéuticas".
Asimismo, pide un rediseño del proceso penal para asignar al Ministerio Fiscal la instrucción de las causas penales a través de una Oficina Fiscal, y la creación de un juez de garantías que vele por la legalidad del procedimiento.
El SISEJ también considera "imprescindible" la elaboración por profesionales "multidisciplinares" de programas de políticas públicas en materia de justicia que permitan la reorganización del sistema a largo plazo "en base a diagnósticos correctos y planes de actuación enfocados a objetivos concretos y adecuados".
A su juicio, la modernización estructural de la Administración de Justicia precisa de "formas de trabajo ordenadas y estructuras especializadas", al tiempo que "urge el desarrollo integral de la Oficina Judicial y la implantación de tribunales de instancia, en el marco de un plan de políticas públicas".
En el capítulo de ciudadanía y poder judicial, el sindicato considera "necesario" articular mecanismos de participación ciudadana, para lo que aboga por abrir un debate sobre la propia existencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y redefinir sus competencias.
