MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Las impugnaciones de acciones de la Administración Tributaria supusieron casi un tercio de todos los asuntos en única instancia -aquellos contra los que no cabe recurso, salvo el de casación ante el Tribunal Supremo- ingresados el año pasado en las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
El dato figura en el informe número 41 de la serie Datos de Justicia que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha publicado este miércoles en la página web www.poderjudicial.es y que revela que los asuntos en única instancia ingresados en 2014 en esos órganos judiciales fueron 30.806, un 6,6 % menos que el año anterior.
De ellos, 9.020 estaban relacionados con la Administración Tributaria y otros 5.154 con la función pública. Las expropiaciones forzosas (2.972), los asuntos de extranjería (1.218) y los relativos a contratos administrativos (1.195) fueron otras de las materias que más frecuentemente vieron esos tribunales. De los asuntos de extranjería, la práctica totalidad de los ingresados en 2014 lo hicieron en el TSJ de Madrid.
El número de asuntos resueltos por las Salas de lo Contencioso de los TSJ en 2014 fue de 48.571, un 9,6 % menos que el año anterior. De ellos, 17.283 tenían que ver con la Administración Tributaria, 7.537 con la función pública y 6.134 con expropiaciones forzosas.
Por último, el número de asuntos en trámite a final de año era de 58.857, lo que supone una disminución del 22,7 % respecto de los 76.182 asuntos que quedaban pendientes a 31 de diciembre de 2013.
ACTOS DEL ESTADO
El 56,3 % del total de asuntos en única instancia ingresados en las Salas de lo Contencioso de los TSJ en 2014, un total de 17.570, correspondió a impugnaciones de actos o resoluciones de la Administración General del Estado.
Las impugnaciones contra acciones de las comunidades autónomas fueron 10.483, mientras que las dirigidas contra actos o resoluciones de las entidades locales fueron 2.153.
El informe ofrece también una estimación de la duración media de los procedimientos, calculada a partir de las cifras de asuntos ingresados, resueltos y en trámite al comienzo del periodo estudiado.
Así, los procedimientos relativos al medio ambiente son los que más se prolongan, con una duración media de 44,9 meses. Les siguen los asuntos de expropiaciones forzosas (41,2 meses), los de urbanismo (28,5 meses) y los relacionados con la Administración Tributaria (25,9 meses). En el otro extremo se sitúan los procedimientos de materia electoral (3 meses) y de extranjería (4,5 meses).
