La secretaria de Estado ha detallado las recientes reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia: la agilización y modernización de los procedimientos judiciales; la desjudicialización de determinadas materias, a fin de conseguir una mejora funcional en la Administración de Justicia; la mejora de la calidad de las resoluciones emitidas por los órganos judiciales (mediante plenos jurisdiccionales en los que se fijan criterios comunes y la reforma del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo); las medidas de apoyo a los colectivos vulnerables y a las víctimas del delito, así como el impulso de las políticas en materia de libertad y seguridad.
Sánchez-Cortés ha destacado las medidas que inciden de manera directa en la actividad desarrollada por las Audiencias Provinciales, con especial referencia a aquellas de carácter organizativo y de funcionamiento. En su intervención se ha referido al empleo de medios telemáticos para la presentación de escritos y aportación de documentos, obligado para profesionales de la Justicia a partir del próximo 1 de enero de 2016, así como a las comunicaciones y comparecencias electrónicas y a la puesta en marcha de un registro de apoderamientos desde el 1 de enero de 2017.
En relación a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la secretaria de Estado ha subrayado la atribución a los juzgados de lo mercantil del conocimiento de las acciones colectivas en materia de contratación y de consumidores y usuarios. Se establece así que una Sección especializada de la Audiencia Provincial conozca en el orden civil los recursos sobre esta materia, lo que posibilitará una mayor especialización en la actividad desarrollada por las Audiencias Provinciales.
Sánchez-Cortés ha subrayado las novedades introducidas en relación a los jueces de adscripción territorial, como figuras de sustitución y refuerzo de los órganos jurisdiccionales. También se ha referido a la mediación penal como mecanismo que posibilita la reparación del daño causado y la asunción de las consecuencias provocadas, lo que permite a la víctima ser escuchada y resarcida.
Finalmente ha destacado la importancia de las medidas de información, asistencia, protección y apoyo a las víctimas del delito, especialmente a las más vulnerables, mediante protocolos de coordinación y actuación. El Ministerio de Justicia trabaja actualmente en varios protocolos para víctimas de violencia de género, de la trata de seres humanos y personas afectadas por la sustracción de recién nacidos.
