MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado apartar a uno de los magistrados que debían revisar el archivo de la causa que investiga el borrado de los ordenadores del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. El juez había solicitado abstenerse del procedimiento por haber ocupado cargos de libre designación en gobiernos socialistas.
El juez Ignacio Sánchez Yllera remitió un escrito al presidente de su Sección en el que solicitaba quedar apartado en esta causa y explicaba que ejerció como director de gabinete de María Teresa Fernández de la Vega en su etapa como secretaria de Estado de Justicia, entre los años 1994 y 1996. Ocho años más tarde ocupó el mismo puesto, en este caso cuando De la Vega fue nombrada vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia.
Los magistrados del tribunal madrileño entienden, sin embargo, que "no hay razón para apartarle del conocimiento de los recursos de apelación" porque no tiene "ninguna relación de interés" con el objeto del litigio y porque la función que desempeñó con De la Vega no guarda relación con el contenido del proceso.
Recuerdan, además, que han transcurrido más de diez años después que ocupó estos cargos y "ni entonces ni ahora ha tenido relación de dependencia orgánica ni funcional con cualquier partido político " aunque fuera el PSOE quien apoyó su nombramiento.
En escrito presentado por el juez Sánchez Yllera detallaba que desde 1990 ha mantenido con María Teresa Fernández de la Vega "una estrecha relación de trabajo y sincera amistad personal" y agregaba que debido a su estatuto profesional no mantuvo nunca relación orgánica con el PSOE.
Aclaraba también que, aunque no se siente personalmente concernido por los intereses que se ventilan en el caso, su situación personal podría plantear dudas sobre su imparcialidad.
La causa sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que empleaba el extesorero 'popular' en la sede del partido desapareció después de que fuera archivada en octubre de 2013 cuando aún estaba pendiente de la resolución de los recursos contra su archivo.
El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que inició la instrucción y se inhibió posteriormente a favor de los Juzgados madrileños, remitió estas diligencias hace unas semanas después de recibir una petición del Juzgado 32, que las reclamó cuando la secretaría judicial se disponía a enviarlas a la Audiencia Provincial de Madrid y se percató de que habían desaparecido.
El juzgado madrileño asumió la investigación después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considerara que el caso no era de su competencia tras advertir que "la manipulación" de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.
NI DAÑO NI ENCUBRIMIENTO
Su titular decidió archivar provisionalmente la investigación hace casi año y medio al no apreciar daños debido a que los ordenadores eran propiedad del PP aunque los usara el extesorero. Precisaba que tampoco se podía hablar, por el momento, de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito.
El archivo se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados. La causa ha quedado reconstruída después de que las partes personadas hayan presentado de nuevo los escritos remitidos.
EXTRAVÍO DE LA CAUSA
IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes presentaron la primera querella sobre este asunto en los Juzgados madrileños el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.
La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacia posible.
