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Consejo de Ministros

Justicia reparte 6 millones de euros para reformar la justicia entre las comunidades que tienen esa competencia

25/05/2015
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El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado este viernes el acuerdo por el que se formaliza la distribución de un crédito de 6 millones de euros destinado a colaborar en la reforma de la Administración de Justicia de las comunidades autónomas con competencias transferidas en esta materia.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El acuerdo tiene su origen en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el pasado 8 de abril. Así las comunidades autónomas beneficiarias del crédito se comprometen a destinar la cantidad percibida a la mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita, al impulso de sus herramientas tecnológicas y a la dotación de los medios materiales necesarios para el mantenimiento de su organización judicial que permitan avanzar hacia una Justicia digital, abierta e innovadora.

La concesión de este crédito, incluido en los Presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015, viene determinada por diferentes circunstancias, según detalla el Gobierno en un comunicado.

En relación a la justicia gratuita, la aprobación del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero de modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG), que permitió elevar los umbrales de acceso al servicio, supuso un incremento de costes en los gastos de asistencia jurídica en estas comunidades autónomas.

ANDALUCÍA SE LLEVA LA MAYOR PARTE

Por comunidades, el mayor porcentaje del crédito se destina a andalucía, un 24,4 por ciento, se destina a Andalucía, un total de 1.466.899 euros.

El resto del dinero se distribuye de la siguiente forma: Aragón (153.607), Asturias (147.808), Canarias (347.594), Cantabria (83.949), Cataluña (1.186.744), Comunidad Valenciana (859.879), Galicia (346.836), La Rioja (39.867), Comunidad de Madrid (1.024.769), Comunidad Foral de Navarra (83.534), y País Vasco (258.513)

Para realizar el reparto se han tenido en cuenta diferentes criterios como son el número de expedientes tramitados de asistencia jurídica gratuita, la población y la relación entre la litigiosidad y la planta judicial .

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