MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a un guardia de la prisión marroquí de Smara por un presunto delito de genocidio que habría cometido por participar, junto a otros once altos cargos del Gobierno, en los crímenes y torturas que sufrieron los refugiados del Sáhara Occidental entre los años 1975 y 1992.
En un auto dictado este viernes, el magistrado señala que Leshan Chaf Yeudan "conoció" y "participó directa y personalmente" en el "plan global" de torturas "diseñado e implementado sistemáticamente" para "destruir a los saharauis" y que fue "consciente plenamente de que los hechos que cometió se insertaban e integraban en esta estrategia criminal".
El magistrado acoge, de esta forma, un recurso de reforma presentado por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis y revoca el auto del juez Pablo Ruz en el que, de acuerdo con la Fiscalía, consideraba que el imputado era "un funcionario de base" que únicamente participó en hechos ocurridos en 1977 que habrían prescrito.
LOS DELITOS NO HAN PRESCRITO
El juez, sin embargo, señala que se puede atribuir a Leshan Chaf Yeudan un delito de genocidio que se habría cometido entre los años 1975 y 1991 y que, según el Código Penal de 1973, la prescripción vencería a los 20 años, es decir, en 2011. Sin embargo, recuerda que esta se interrumpió en 2006, momento en el que se produjo la presentación de la querella.
El magistrado, que ordena la "busca, detención e ingreso en prisión" del guardia, apunta que su acción no fue "aislada y desconectada de todo el plan genocida" y que ésta "se desarrolló temporal, objetiva, subjetiva y geográficamente dentro del plan de destrucción física de los saharauis acometido por militares y policías marroquíes".
Cuando se cometieron los hechos que se le imputan, en enero de 1977, había en la prisión de Smara 72 prisioneros. En esas fechas Mariam Mohamed Salam dio a la luz en la cárcel un bebé al que cortaron los dedos que después esparcieron entre la ración de comida que le dieron. A otros presos los quemaron vivos con gasolina o les clavaron las manos y los pies a una mesa con hierros.
OTROS ONCE PROCESADOS
El procesamiento de Leshan Chaf Yeudan se suma al de once dirigentes marroquíes --entre los que se encuentran dos gobernadores, un teniente y un coronel-- que Ruz dictó en abril por un delito de genocidio en concurso con detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada, al tiempo que pone a siete de ellos en situación de busca y captura.
El juez, que acordó estas medidas a instancias de la Fiscalía, señalaba que el "hecho fundamental" que se investiga en esta causa es el hallazgo en febrero de 2013 de una fosa común en Amgala en la que aparecieron ocho cadáveres que "han sido plenamente identificados por el ADN" así como los testimonios de varios testigos y víctimas que "incriminan" a los procesados.
Entre los procesados se encuentran el gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997, Abdelhafid Ben Hachem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou; el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi; el coronel de las Fuerzas Armadas Abdelhak Lemdaour y el teniente de la Gendermaría Real Driss Sbai. Contra todos ellos el juez acordó la "busca, detención e ingreso en prisión".
Además, Ruz procesó al coronel Lamarti y a los presuntos "responsables de genocidio" Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, que fueron identificados por algunas de sus víctimas. En estos cuatro casos, el magistrado solicitó a las autoridades marroquíes que aporten los datos que posean para su "correcta identificación y filiación". Al mismo tiempo, rechazó procesar a otros ocho imputados por falta de pruebas.
AMPUTACIONES A UN RECIÉN NACIDO
La causa, que fue abierta por el juez Baltasar Garzón en 2007 en virtud de una querella presentada por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapradesa), investiga asesinatos, bombardeos de campamentos y torturas cometidos por las fuerzas marroquíes en el Sáhara desde el 6 de noviembre de 1975 y el 7 de octubre de 1992 imputables a los procesados o sin autor conocido.
Entre los hechos descritos se encuentran amputaciones de miembros a prisioneros, incluido un recién nacido, la quema de personas vivas o la aplicación de descargas eléctricas a refugiados que vivían en las localidades saharauis de El Aaiún, Smara, Amgala. En conjunto, el juez llega a contabilizar 50 delitos de asesinato y otros 76 en grado de tentativa, 202 de detención ilegal, seis más sin dar cuenta del paradero del detenido, un delito contra la libertad sexual y 23 de lesiones.
