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Por una cultura del pacto; por Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política, y José Luis García Delgado, catedrático de Economía, en representación del Círculo Cívico de Opinión

12/05/2015
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El día 12 de mayo de 2015, se ha publicado en el diario El País, un artículo de de Fernando Vallespín y José Luis García Delgado, en el cual los autores consideran que el bipartidismo imperfecto que ha predominado durante más de tres décadas tiene ante sí una prueba decisiva, que exigirá en todo caso una postura más pactista, Gobiernos de coalición y fomentar la colaboración mutua.

POR UNA CULTURA DEL PACTO

Si hay algo que caracteriza la evolución del clima político en la España de los últimos meses es su inusitado dinamismo. Las encuestas se suceden mostrando el asentamiento de lo que a todas luces parece ya un tetrapartito. Cuatro partidos oscilan en su intento por ocupar las líneas de cabeza, el Partido Popular, el PSOE, Podemos y Ciudadanos. El orden que muestran en las preferencias de los votantes depende de la encuesta y del momento en el que se sondea la intención de voto, pero no cabe duda de que cualquiera de ellos acabará recibiendo un número de votos importante. Con esto está a punto de confirmarse la previsión de que el bipartidismo imperfecto, que hasta ahora venía caracterizando al modelo de partidos más cristalizado de la democracia, tiene ante sí una prueba decisiva.

Dos reflexiones se suscitan de inmediato. Primero: nuestro sistema de partidos comienza a parecerse más al que predomina en nuestro entorno europeo, acusadamente fragmentado y con no pocos Gobiernos de coalición. En segundo lugar, que esta nueva organización más fragmentada del sistema de partidos suscita la necesidad de acceder a una cultura política más pactista, a hacer concesiones recíprocas y, en general, a fomentar la colaboración mutua. No será un empeño fácil, ya que venimos de un modelo de relaciones interpartidistas marcado por la crispación y la acentuación retórica de l a descalificación global del adversario.

El escenario que así se anticipa no es, en todo caso, algo nuevo en España. Fue el que configuró el Congreso de los Diputados a comienzos de la Transición, cuando inauguramos el ciclo con un modelo más pluripartidista, y no ha sido excepcional en algunas autonomías (Cataluña, País Vasco, Galicia, Cantabria, Aragón, Extremadura) ni en muchos municipios. Aunque también sea cierto que siempre hemos tenido Gobiernos monocolor en el ámbito estatal, y esto es lo que ahora parece que va a quebrarse; en particular, el sistema por medio del cual el partido más votado era sostenido en el Parlamento gracias a acuerdos puntuales con los partidos nacionalistas. Todo da a entender que este tipo de acuerdos ya no van a ser posibles, porque no sumen la mayoría suficiente y por la propia deriva soberanista de los principales partidos nacionalistas catalanes. El modelo será, casi con total probabilidad, el de un Gobierno de coalición o el de un Gobierno en minoría apoyado por uno o más de los nuevos partidos emergentes o los ya establecidos entre sí.

¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de la más que probable nueva situación del sistema de partidos en España? A este respecto creemos que es importante distinguir entre aquello que podemos calificar como la “gobernabilidad ordinaria” -es decir, la consecución de mayorías específicas para gobernar un Ayuntamiento, una comunidad autónoma o el propio Estado- y el consenso necesario para emprender algunas de las más amplias reformas que requiere el país.

A la vista de la naturaleza de los nuevos partidos, de su orden programático y su práctica política, no hay razones para pensar que puedan poner en cuestión la gobernabilidad. El fantasma de la inestabilidad política es más aparente que real. Es muy posible, como ocurre cuando damos el salto al multipartidismo, que surjan problemas para conseguir mayorías en unos u otros ámbitos, pero a grandes rasgos no parece que el tránsito desde el sistema bipartidista a otro más multipartidista vaya a ser necesariamente traumático.

Por otra parte, este nuevo orden partidista está consiguiendo relegitimar el sistema político español, permitiendo que sectores de la población que hasta ahora no se sentían representados por los partidos tradicionales hayan encontrado un vehículo para volver a integrarse en él. Este es el gran mérito de Podemos, que poco a poco ha ido transformando lo que parecía una crítica primaria y populista del orden de la Transición en una opción política con perfecta capacidad para integrarse en el sistema, proponiéndose regenerarlo desde dentro. Y no hay que olvidar tampoco que España es ahora mismo uno de los pocos países europeos donde no han aflorado partidos de carácter xenófobo o antieuropeos de extrema derecha.

Otra cosa será la conformación de las mayorías necesarias para emprender algunas de las reformas que exige la nueva situación política, como la del modelo territorial del Estado, la regeneración y revitalización de la democracia y la adopción de medidas sociales que permitan suturar la fractura social creada por la crisis económica. Algunas de estas reformas exigirán modificaciones puntuales de la Constitución y para ello se requerirá un amplio consenso.

Es verdad que tal consenso no se da allí donde, en principio, es imprescindible: en Cataluña. La decisión de CiU y ERC de convocar elecciones “plebiscitarias” les excluye como posibles partes de todo acuerdo político dentro del espacio nacional más amplio. Su apuesta sigue siendo la misma: lo único que habría que acordar con ellos es la forma en la que proceder a la independencia, lo que en principio cierra todos los canales para la solución de conflictos. Y, sin embargo, no habrá solución para el problema territorial si no conseguimos extender la cultura de pactos y entendimiento también a partidos que, como venía siendo el caso de CiU, hasta ahora eran imprescindibles para la gobernabilidad del país.

La consecuencia de las reflexiones anteriores parece evidente. El cambio que se anticipa para nuestro sistema de partidos no tiene por qué interpretarse como una amenaza; puede verse también como la apertura de nuevas oportunidades para la vida política española. En particular, porque, aunque no está garantizado, debería empujar hacia la consecución de una cultura de pactos, que es el medio imprescindible para la solución de la mayoría de los problemas políticos y sociales en democracia.

El gran activo del período que ahora parece llegar a su término ha residido en la estabilidad política garantizada por el juego competitivo entre los dos grandes partidos; una estabilidad que escondía, eso sí, un uso partidario de las instituciones y todo un conjunto de prácticas que los ha distanciado de buena parte de sus habituales votantes. La nueva competencia política les obligará a rehacerse o, si no, a afrontar un relativo declive. Tanto ellos como los nuevos partidos están llamados por igual a contribuir a la gobernabilidad y a restaurar entre todos la confianza en la política, el bien más escaso de estos últimos años en nuestro país.

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