Diario del Derecho. Edición de 23/10/2017
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 04/05/2015
 
 

Universidad: las luces y las sombras; por Rafael Calduch, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid

04/05/2015
Compartir: 

El día 4 de mayo de 2015, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Rafael Calduch, en el cual el autor opina que los últimos documentos y ránkings obligan a reflexionar sobre cómo potenciar internacionalmente las capacidades de la universidad y mejorar la docencia y la excelencia de la investigación

UNIVERSIDAD: LAS LUCES Y LAS SOMBRAS

Recientemente se han publicado una serie de documentos y ránkings que muestran las fortalezas y debilidades de las universidades españolas, en general, y de nuestras universidades públicas en particular. Por otro lado, la promulgación del Real Decreto 43/2015, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, incluido el Doctorado, obliga a una reconsideración del mapa de titulaciones de Grado y de Máster que actualmente ofrecen las universidades españolas.

En estas condiciones, resulta oportuno reflexionar sobre algunas cuestiones decisivas que afectan a la universidad púbica española, así como sobre las medidas que deberían adoptarse para potenciar internacionalmente sus capacidades, mejorar la calidad de su docencia y la excelencia de su investigación.

La primera de estas cuestiones tiene que ver con la naturaleza básica, y actualmente insustituible, que la universidad pública desempeña en el sistema español de la enseñanza superior y la investigación avanzada. Ésta es una herencia histórica que todavía no ha sido superada con la creación de universidades privadas.

De acuerdo con el Informe de Fiscalización de las Universidades Públicas, ejercicio 2012, realizado por el Tribunal de Cuentas, estas universidades acogieron una matrícula durante el curso 2012-2013 de 1.363.947 alumnos de Grado y Máster, mientras que las universidades privadas tan sólo acogieron 197.176 alumnos. El 82,8% de los egresados de Grado y el 72,1% de los egresados de Máster proceden de las universidades públicas. A la luz de estos datos, parece incuestionable que la sostenibilidad económica y el progreso de los centros públicos universitarios son condiciones insoslayables para que pueda garantizarse el desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural de la sociedad española durante los próximos años.

Pero la crisis económica que ha sufrido nuestro país ha provocado una revisión de los presupuestos destinados a la política universitaria. Entre 2008 y 2012, las universidades públicas españolas redujeron sus ingresos en un 11,7%, paralelamente la financiación de I+D+i en la enseñanza superior entre 2011 y 2012 se redujo en un 7,2%.

Sin embargo, las universidades públicas, lejos de ajustar su tamaño a los recortes presupuestarios, aumentaron el número de centros (Facultades; Departamentos; Institutos; etcétera) en 119 y el número de miembros en sus órganos colegiados de gobierno en 957 personas entre 2008 y 2012.

De este modo, se ponía en evidencia que la tendencia de estas universidades a expandirse y burocratizarse también se cumple incluso en tiempos de crisis, amparadas en su derecho constitucional a la autonomía universitaria.

Semejante paradoja obedece, en buena medida, a una obsoleta organización universitaria y a una deficiente distribución de competencias y funciones entre los distintos organismos y centros que configuran nuestras universidades públicas.

En efecto, existe una importante concentración de competencias en los cargos de rector y los equipos rectorales por delegación que dificultan la eficacia en el proceso de toma de decisiones de las grandes universidades. Al mismo tiempo, existen escasos órganos y procedimientos de control interno y externo que permitan corregir a tiempo los abusos de poder o las decisiones erróneas. En este contexto, se ha producido una proliferación de organismos y centros, creados al margen de cualquier consideración de eficacia y eficiencia, que ha sido denunciada por el Tribunal de Cuentas.

No obstante, un correcto análisis de la evolución de las universidades públicas en estos últimos años debe reconocer el notable esfuerzo que han realizado para adaptarse a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior, a pesar de la errática política universitaria adoptada por los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP:

En efecto, a las constantes modificaciones legales adoptadas desde el Ministerio de Educación en los últimos 10 años (una Ley Orgánica modificando la LOU y cinco decretos modificando las titulaciones de Grado, Máster y Doctorado), hay que agregar los recortes presupuestarios impuestos desde mediados de 2010 y las dificultades para renovación del profesorado, derivadas de la tasa de no reposición de funcionarios aprobada en las sucesivas normas presupuestarias del Estado.

A pesar de todos estos obstáculos legales y económicos, las universidades públicas españolas han logrado implantar 5.306 titulaciones de Grado y Máster en el curso 2012-2013, junto con otros 2.676 títulos propios de las universidades. Este esfuerzo, realizado para desempeñar las funciones docentes e investigadoras que la sociedad española necesita y mantiene con sus impuestos, no se puede ignorar por los poderes públicos de nuestro país.

Algunas declaraciones oficiales recientes, en las que se cuestionan la insustituible función que nuestras universidades públicas desempeñan, suelen apelar a su relegado posicionamiento en los rankings internacionales, como por ejemplo el Academic Ranking of World Universities.

Sin embargo, en ellas rara vez se toma en consideración la relación recursos/resultados o la importancia y estabilidad que los gobiernos de otros países conceden a sus políticas universitarias. Pero lo cierto es que, cuando se compara la evolución en los últimos años de nuestras universidades públicas con las de Francia, el Reino Unido o Alemania, no se puede ocultar el perjuicio financiero y legal que han soportado respecto de sus homólogas extranjeras.

Esta realidad no debe servir para ignorar las desigualdades de calidad y eficacia docentes e investigadoras que existen en el panorama de universidades públicas españolas y que nos alertan sobre las medidas de mejora interna que deben realizar muchas de ellas.

En efecto, la reciente publicación del Rankings Issue 2015. Indicadores sintéticos de las universidades españolas, demuestra claramente algunas de las deficiencias que aquejan a las universidades de nuestro país. Empezando por las notables desigualdades que existen en las tasas de matriculación entre las distintas comunidades autónomas y que no siempre guardan correspondencia con la calidad docente que reciben los estudiantes y el valor de la investigación realizada.

En 2013 apreciamos que Cataluña, con una media de 33,5 euros de precio por crédito, y Madrid, con una media de 30,3 euros por crédito, son las comunidades más caras. Simultáneamente, se aprecia que tres de las universidades catalanas se posicionan en los 10 primeros puestos por productividad y volumen de resultados académicos e investigadores, mientras que tan sólo aparecen dos universidades madrileñas.

Un segundo reto que deben enfrentar es el de mejorar su internacionalización. En este proceso de proyección en el mundo académico y científico de alcance global, nuestras universidades carecen del apoyo institucional que reciben las universidades de otros países europeos. Las redes internacionales con frecuencia se han establecido directamente por las universidades, al amparo de convenios internacionales pero con escasa colaboración de nuestro servicio exterior y pocas facilidades de las autoridades autonómicas.

Finalmente, debe producirse un cambio radical en la concepción que ha dominado entre nuestros gobernantes en relación con la política de I+D+i, para considerarla como uno de los pilares estratégicos del desarrollo económico y social de España a medio y largo plazo. De seguir como hasta ahora, será difícil que las universidades públicas puedan recuperar el nivel de excelencia que su capital humano todavía permite.

Los recursos destinados a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, no pueden abordarse con criterios de oportunidad política o de coyuntura económica. Por ello resulta esencial que España establezca una planificación a largo plazo de su política de I+D+i y la garantice con un compromiso legal respaldado por los partidos políticos. Sin este marco, las universidades públicas españolas seguirán quedando relegadas en el panorama internacional. Una realidad poco esperanzadora para una potencia europea como España.

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2017

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana