MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha defendido este jueves la actuación de la Fiscalía de Madrid en la detención y registros realizados al exvicepresidente económico Rodrigo Rato, si bien ha reconocido que ha pedido información a los fiscales intervinientes y que fue la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, la que se dirigió directamente a este departamento.
Madrigal se ha referido a este asunto durante el turno de preguntas tras su intervención en un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía en el Hotel Ritz de Madrid, donde ha reconocido que quizá el hecho de que la causa esté secreta puede estar detrás de la existencia de tantas "informaciones colaterales" sobre el procedimiento. Ha defendido que la actuación estuvo fundada en "indicios sólidos y sospechas objetivas".
Ha indicado que las investigaciones que dieron lugar a la detención y registro a Rato procedían de la ONIF, cuyos agentes la trasladaron a la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, donde se analizó la urgencia de los registros. Estas decisiones "pasaron los filtros" del fiscal jefe de Madrid José Javier Polo Rodríguez y del fiscal superior de la Comunidad, Manuel Moix.
"Además, el juez de instruccón de guardia (número 35 de Madrid) acepto la denuncia y le dio curso. Creo que esto es una garantía suficiente" , ha afirmado la fiscal general al ser preguntada sobre este caso en concreto.
DETENCIÓN PODRÍA SER NECESARIA
Sobre su conversación con Polo ha añadido que analizaron "el tema de la detención y en principio vimos que no sería necesaria. Esa era la idea, con la salvedad de que pudiera ser necesaria", tal y como luego acordó el juez a los únicos efectos de mantenerla durante la práctica de los registros.
Además, ha relatado que conoció la decisión de los registros la noche anterior "de forma esquemática" y luego más concretamente horas antes de que se produjeran al ser informada directamente por Polo, quien le informó de sus intenciones a las que ella no puso objeción por entender que la competencia de los Juzgados de Madrid para este asunto "está fuera de toda duda".
Si luego el caso se atribuyó a la Fiscalía Anticorrupción -aunque existe unidad de actuación y que lo haga uno u otro departamento es indiferente- es porque considera que ésta es la más adecuada al contar con equipos técnicos de apoyo.
También porque Anticorrupción "lleva otro asunto en el que se investiga a Rato y conoce diligencias dirigidas contra él y a su patrimonio", a lo que se suma la posible "conexidad con otros asuntos que se siguen en Anticorupción" -en alusión al caso Bankia), que a su juicio "es una eventualidad que puede producirse o no".
Por otro lado, Madrigal ha negado que se haya abierto expediente informativo a los fiscales participantes en las actuaciones aunque sí "se ha recabado toda la información del caso".
APOYO A ANTICORRUPCIÓN
En otro momento de su intervención, Madrigal ha manifestado su apoyo a los fiscales anticorrupción cuya labor ha calificado de "compleja" desde el punto de vista técnico y porque "a veces se encuentran con presiones mediáticas o de todo tipo que hacen más desagradable su trabajo".
A preguntas de los asistentes al desayuno, Madrigal ha recordado que es partidaria de limitar las conformidades en los juicios en casos de corrupción. "sobre todo las inasumibles para la sociedad", si bien reconoce que las conformidades pueden ser útiles cuando las personas colaboran con la justicia y con el objetivo de recuperar fondos ilícitamente obtenidos.
DELITO FISCAL PP
Finalmente, y sobre la existencia o no de delito fiscal cometido por el PP en el caso de la supuesta Caja B, Madrigal ha defendido que la Fiscalía no ha cambiado su criterio sobre este asunto en ningún momento y que se ha basado en "los informes que la unidad técnica ha emitido en este caso"
"Se han emitido en cuatro ocasiones en el mismo sentido, en el de que las rentas analizadas estaban exentas de tributación", según Madrigal que ha añadido que, en la hipótesis de que no lo estuvieran la cuota defraudada no llegaría a los 120.000 euros a partir de los cuales existe delito.
