MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El PP ha rechazado este miércoles en el Senado una moción del grupo socialista en la que se instaba al Gobierno a garantizar el carácter público, universal y gratuito del Registro Civil, que será gestionado a partir del próximo mes de julio por los registradores civiles y de la propiedad.
Durante el debate de la propuesta en el pleno de la cámara alta el senador Antonio Julián Rodríguez Esquerdo ha reclamado que no se regale la gestión del Registro "a los compañeros del señor Rajoy" y ha advertido que los planes del Ejecutivo generarán el cobro de expedientes hasta ahora rutinarios y gratuitos.
Así, ha denunciado que, a partir del próximo verano, "nacer costará a los españoles 20 euros, el matrimonio o la muerte 100 y el libro de familia 120" y ha asegurado que en cualquier otro país aprobar esta modificación en un Consejo presidido por un registrador de la propiedad y siendo el ministro de Justicia hermano y yerno de otro "hubiera resultado un escándalo".
"Han conseguido irritar y enfadar a todo el mundo", ha dicho y ha agregado: "El Gobierno ha cuadrado el círculo y el negocio sale redondo". En su opinión, todo "huele mal" y tras la implantación de la nueva gestión existen "vinculaciones familiares con altos cargos del Gobierno y el desarrollo "millonario" de un nuevo sistema informático.
MAREA AMARILLA
El senador del PSOE ha indicado que el partido del Gobierno parece ser especialista en generar "mareas" como la verde y blanca a favor de la educación y sanidad pública. "Han generado ahora la marea amarilla de los funcionarios del registro civil", ha indicado, recordando la manifestación celebrada el pasado sábado contra su cambio de gestión.
El representante 'popular' Mario Arias ha rechazado estos argumentos y ha garantizado que el servicio seguirá siendo público y gratuito. Ha recordado a su colega de la oposición que fueron "los ciudadanos quienes colocaron al PSOE "en la oposición". "Nosotros sacamos al país de la quiebra en la que le metieron ustedes", ha indicado.
Los 'populares' han planteado, en una enmienda de sustitución, un texto alternativo en el que pedían al Ejecutivo llevar a cabo "todas aquellas actuaciones e inversiones necesarias para permitir la entrada en vigor de la Ley que regula este servicio "asegurando la desjudicialización y la llevanza por parte de funcionarios públicos de la plataforma electrónica diseñada al efecto".
La enmienda, no admitida por el PSOE, pedía también al Gobierno que aborde "todas las acciones posibles" para que el cambio suponde "el mantenimiento de los puestos de trabajo de todos los funcionarios, fijo e interinos" y una "adecuada implantación del nuevo modelo" para la que debe contarse con todos los sectores y colectivos implicados".
Durante el debate de la moción, el resto de grupos parlamentarios presentes en el Senado han criticado también el proyecto. Los grupos catalán y vasco en el Senado, Entesa per el Progrés de Catalunya, el grupo mixto han mostrado también su preocupación por el riesgo de pérdida del carácter público de un servicio que cuenta con una razonable aceptación social.
