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  • EDICIÓN DE 10/04/2015
 
 

Ante los operadores jurídicos de Salamanca

Catalá reitera que el Registro Civil seguirá siendo por ley público y gratuito para todos los españoles

10/04/2015
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido en la Audiencia Provincial de Salamanca con los operadores jurídicos regionales ante los que ha defendido la desjudicialización de los registros civiles que facilitará que los jueces se dediquen plenamente a las funciones jurisdiccionales que la Constitución les asigna. Catalá ha insistido en que seguirán siendo públicos, ya que los registradores de la propiedad son funcionarios públicos del Estado dependientes del Ministerio de Justicia, gratuitos en los mismos términos que en la actualidad y que se mantendrán todos los puestos de trabajo.

Al encuentro han asistido el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Audiencia Provincial, José Ramón González Clavijo; el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Luis Sánchez; la secretaria de la Audiencia Provincial, María del Carmen Vicente; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción; el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo; el secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ildefonso Ferrero; el secretario coordinador provincial de Salamanca, Ernesto Pedro Casado; la magistrada-juez decana, Luisa Marro; el presidente de la Junta de Personal de Funcionarios de la Administración de Justicia en Salamanca, José Antonio Gómez; el magistrado juez de Vigilancia Penitenciaria, Andrés Manuel Encinas; el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º1, Alfredo San José; el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º2, Raquel Hermela; la jueza del Juzgado de lo Social N.º 2, María Rosario Alonso; el secretario del Juzgado de lo Social N.º 2, Manuel Marín; el juez de Menores, Eugenio Rubio; el juez del Juzgado de Primera Instancia N.º 6; José Manuel García; la juez del Juzgado de Primera Instancia N.º7, María Teresa Alonso de Prada; el decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Fernando Dávila; el delegado provincial del Colegio de Registradores de Salamanca, Javier Martínez; la directora del Instituto de Medicina Legal de Palencia, Salamanca y Valladolid, Victoria García; el presidente de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado; el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Salamanca, Joaquín Merchán; el decano del Colegio de Procuradores, Ángel Cecilio Gómez; y el procurador, Fernando Santamaría.

Ante todos ellos el titular de Justicia ha explicado los principales proyectos legislativos del Ministerio que actualmente se encuentran en trámite parlamentario y se ha comprometido a trabajar para que cualquier ciudad de España ofrezca las mismas condiciones de acceso a la Justicia y la misma seguridad jurídica a todos los ciudadanos, haya asumido o no las competencias en materia de Justicia. En esa línea ha destacado la necesidad de que el Gobierno impulse reformas normativas como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil y las leyes que regulan los procedimientos penales, que se encuentran en trámite parlamentario.

Rafael Catalá se ha referido también a la derogación de las tasas para las personas físicas motivada, ha dicho, por la mejora de la situación económica del país y por el diálogo con los profesionales del sector y el conjunto de la sociedad.

Para el ministro la mejora de la organización judicial debe estar apoyada por el uso masivo de las tecnologías de la comunicación, como único camino para ofrecer a la sociedad una Justicia abierta, digital e innovadora. En ese sentido ha destacado la importancia de la implantación del nuevo Sistema Integrado de Justicia que permitirá una plena interoperabilidad entre los operadores jurídicos con las Administraciones Públicas. Catalá ha invitado a todos a promover estas reformas.

A lo largo de esta jornada en Salamanca el ministro de Justicia ha visitado y firmado en los libros de honor del Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación Provincial y el Colegio de Abogados.

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