TOLEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
En un comunicado, la Plataforma concreta que se trata de la Orden de 29 de julio de 2013 de la Consejería "que establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y determina la intensidad de los servicios y el régimen de incompatibilidades".
Concretamente, el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, establece que "se vendría a exigir" que la Orden pasara por el control de legalidad del Consejo Consultivo Autonómico. "Tal omisión, nos ha de llevar a considerarla como nula de pleno derecho, al tratarse de un requisito esencial en la elaboración de la norma", manifiesta el Alto Tribunal, que ha condenado en costas a la parte demandada.
La Plataforma valora esta sentencia, "ya que la Orden anulada establecía un conjunto de recortes arbitrarios y retroactivos contra los derechos de las personas dependientes, reconocidos en la Ley de Dependencia y en la propia Constitución", ha señalado.
NO ENTRA AL FONDO DE LOS CONTENIDOS
De su lado, la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales indica que el Tribunal, que comunicó este miércoles el fallo a las partes, "solo cuestiona que dicha Orden no contara con un dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, sin entrar al fondo de los contenidos aprobados en esa normativa, muy similar a la que se aplica a nivel nacional".
Según la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependencia, "las personas en situación de dependencia pueden estar tranquilas, porque el Consejo de Gobierno aprobará este jueves un decreto que solventará el supuesto defecto de la Orden para que las personas en situación de dependencia no pierdan ningún derecho".
El Gobierno regional afirma en un comunicado que "algunos de los beneficios que reciben las personas en situación de dependencia de Castilla-La Mancha son superiores a los que se aplica en la normativa nacional, pero es algo que no se modificará al ser regulados por el nuevo decreto".
"La Orden de Dependencia del año 2013 fue publicada, como todas las órdenes anteriores dictadas por el Gobierno de Barreda, sin el dictamen previo del Consejo Consultivo", apunta la Junta, que añade que "sí que contó con el visto bueno del Consejo de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, un órgano en el que están representadas la mayoría de las asociaciones e instituciones relacionadas con la atención a las personas en situación de Dependencia".
