MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha concluido la investigación sobre las actividades en España del 'clan Polverino' de la Camorra napolitana y ve indicios para juzgar a 43 presuntos miembros y colaboradores de la organización, entre ellos el capo Giuseppe Polverino, alias 'O Barone', por el tráfico de hachís y el blanqueo de capitales que habrían llevado a cabo a través de una estructura centrada en inversiones inmobiliarias.
Así consta en el auto, en el que el magistrado transforma las actuaciones sobre el clan en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, y atribuye a los imputados, que individualiza en cada caso, delitos de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el seno de organización criminal, o les considera cooperadores necesarios en el delito de pertenencia a grupo organizado.
Velasco acusa además a tres de ellos de revelación de secretos y a otro de tenencia ilícita de armas, mientras que retira la imputación sobre otras cinco personas y solicita a la Fiscalía que adopte las medidas cautelares para poner a disposición judicial a dos huidos, Raffaele Vallefuoco y Giuseppe Ruggiero. Añade que se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo de Italia celebre el próximo 16 de abril una vista sobre la extradición de Palma Polverino, Pasquale di Maro y Cristiano Allegre, salvo que voluntariamente decidan comparecer en España.
En su auto, el juez recuerda que los orígenes del 'clan Polverino', que fue desarticulado en junio de 2013, están vinculados al 'clan Nuvoletta', una importante organización criminal de la camorra italiana, cuyo declive comenzó durante los 90 cuando sus principales dirigentes murieron o ingresaron en prisión.
La organización liderada por Giuseppe Polverino, alias 'O Barone' y actualmente preso en Italia, asumió entonces el monopolio de tráfico de hachís en la zona de Nápoles, convirtiéndose en "una de las organizaciones más poderosas" de la Camorra napolitana.
Este clan, debido a la situación estratégica de España, estableció en nuestro país varias células territoriales denominadas 'paranzzas' con el fin de coordinar los envíos de droga a Italia, normalmente procedentes de Marruecos, y blanquear después los fondos procedentes del narcotráfico a través de operaciones inmobiliarias.
Según el magistrado, los tres grupos estaban establecidos en la Costa Dorada de Tarragona, en la Costa del Sol malagueña y en Alicante, que desplazaban sus actividades de norte a sur de España según avanzaba la presión de los investigadores.
El primer grupo lo formaban los componentes del clan, "todos italianos con fuertes vinculaciones con nuestro país"; el segundo lo conformaban sus familiares directos y en el tercero estaban los colaboradores que facilitaban la estructura de domicilios y vehículos.
EL DIRECTOR DE UNA SUCURSAL LES PUSO SOBRE AVISO DE LA CAUSA
El 'clan Polverino' contaba con la colaboración de un constructor, un contable y un asesor fiscal, así como del director de una oficina del Sabadell, Carlos Ariza, donde operaban los dos supuestos miembros de la organización Domenico Panella y Francisco Javier Picatoste, a quienes alertó de las investigaciones de la Audiencia Nacional "pese al deber de sigilo y reserva a que le somete la normativa sobre prevención de blanqueo, poniendo al clan sobre aviso" de los requerimientos judiciales.
Otras dos personas, Mario Guillardín e Isabel Guillamón, habrían colaborado también remitiendo e-mails sobre este asunto, "dificultando" así la investigación. A los tres el juez les imputa sendos delitos de revelación de secretos.
El magistrado subraya además las medidas de seguridad adoptadas por el clan, cuyos integrantes se limitaban a utilizar sms en sus comunciaciones con números de teléfono prepago que cambiaban con asiduidad y estaban a nombres de terceras personas.
Entre las personas a las que el juez pide llevar a juicio, se encuentran destacados miembros del clan Polverino, entre ellas el huido Raffaele Vallefuoco, Massimiliano D'aria, Fabio Allegro, Domenico Panella, Raffaelle Spasiano, Salvatore Allegro o Domenico Verde, alguno de los cuales están presos en Italia, por lo cual el juez pide el parecer de la Fiscalía para tomarles declaración.
Velasco destaca la colaboración con las autoridades italianas en el transcurso de las investigaciones desarrolladas durante cinco años, gracias a la cual se ha incautado mas de una tonelada de hachís y ha permitido la aprehensión en España de propiedades inmobiliarias producto de sus inversiones que, en caso de condena, pasarían a repartirse el Estado español y el italiano.
