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Audiencia Provincial de Sevilla

La Audiencia recibe 121 recursos por el caso ERE desde 2011 y confirma el 90% de las resoluciones de Alaya

17/03/2015
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La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, encargada de resolver los recursos de apelación por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha recibido desde 2011 un total de 121 recursos relacionados con esta causa, habiendo confirmado alrededor del 90 por ciento de las resoluciones dictadas por la juez Mercedes Alaya.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

Fuentes judiciales han informado de que el primero de los recursos se recibió el 21 de marzo de 2011, mientras que el último se registró el pasado 9 de marzo, añadiendo que del total de 121 recursos de apelación presentados por las distintas partes personadas en el procedimiento quedarán por resolver en torno a una veintena.

Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han precisado que, como quiera que la instrucción del caso ERE continúa y no se atisba un fin cercano, lo más probable es que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla siga recibiendo recursos durante los años 2015, 2016 e incluso 2017.

Asimismo, y de los aproximadamente 100 recursos resueltos hasta el momento de los 121 recibidos, la Audiencia Provincial ha confirmado en torno al 90 por ciento de las resoluciones dictadas por la juez Mercedes Alaya, habiendo estimado tan sólo un 10 por ciento de dichos recursos de apelación.

LA INFLUENCIA DEL CASO ERE EN LA AUDIENCIA

Dentro de los recursos estimados, destaca el auto en el que la Sección Séptima anuló la fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros que impuso la juez a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, dejando sin efecto los embargos trabados sobre una decena de bienes inmuebles y cinco cuentas corrientes propiedad de la exconsejera.

Las mismas fuentes han indicado que, lógicamente, la gran cantidad de recursos tramitados ha influido en el trabajo de los cuatro magistrados que componen actualmente la Sala --en espera de que se asigne definitivamente la nueva plaza creada, y que inicialmente fue adjudicada a la propia Alaya-- debido a la complejidad de la causa y a que los magistrados "se han tenido que estudiar folio a folio" el procedimiento, en el que hay más de 250 imputados.

A pesar de ello, "no ha disminuido" el número total de resoluciones dictadas por la Sala, que expondrá estos y otros datos al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, durante la inspección que girará éste a la Sección Séptima en la mañana del próximo jueves.

INSPECCIÓN

Las fuentes han querido dejar claro que se trata de una inspección rutinaria --se suelen hacer cada cinco años, aunque en este caso han transcurrido nueve años desde la última inspección-- y que estaba prevista desde el pasado 20 de enero, por lo tanto antes de que los magistrados expresaran su queja por la adscripción de la juez Alaya a la Sala.

Y es que los magistrados de la Sección Séptima manifestaron "su profunda preocupación por la imagen que la Administración de Justicia pueda dar al adscribir a la instructora del llamado caso de los ERE a la Sala a la que se turnan los recursos de apelación y queja, interpuestos en una causa de tanta complejidad y relevancia no sólo desde un punto de vista jurídico sino en especial por su repercusión política del todo inaudita en el ámbito judicial andaluz".

Esta característica es lo que la diferencia, en opinión de estos magistrados, "de otros asuntos de cuya instrucción son o han sido de la competencia de la indicada magistrada y en cuya tramitación de una forma u otra está implicada esta Audiencia Provincial".

LA QUEJA

En este sentido, "transmiten su pesar porque ello no haya sido tenido en cuenta, incrementándose así, de forma que entienden evitable, la presión propia de su intervención jurisdiccional en un proceso de tanta trascendencia política", añadiendo que la "tramitación de estos recursos es más que posible que se mantenga" una vez que la magistrada Mercedes Alaya se reincorpore tras la prórroga de su cese en el Juzgado de Instrucción número 6.

Tras ello, y ya el pasado martes, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó retirar del orden del día el acuerdo del presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez, por el que se determina el reparto de las nuevas plazas de la Audiencia, entre ellas la adscripción de la juez Mercedes Alaya a la Sección Séptima.

La Sala de Gobierno tomó dicha decisión a petición del propio presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla y a fin de que "pueda valorar las consideraciones de los componentes de la Sección Séptima, no conocidas previamente a la remisión de su acuerdo".

El acuerdo de la Sala de Gobierno señalaba que el presidente de la Audiencia de Sevilla, una vez valoradas dichas consideraciones, puede "formular, en su caso, nueva propuesta, máxime cuando no existe premura al respecto ante la fecha prevista para la publicación del concurso e incorporación de los nuevos magistrados".

PENDIENTES DEL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA

De hecho, está previsto que, entre esta semana y la próxima, Damián Álvarez eleve su propuesta al TSJA, que podría ser la misma o diferente a la ya realizada.

La Sala tomó conocimiento tanto del acuerdo-propuesta del presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, en orden a determinar la composición de sus cuatro secciones penales, como consecuencia del incremento de una plaza de magistrado para cada una de ellas, así como lo manifestado por los magistrados de la Sección Séptima.

De este modo, y a la vista de ambas consideraciones y propuestas, y en uso de las atribuciones de la Sala de Gobierno previstas en los artículos 152.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 4.b) del Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, en orden a establecer con criterios objetivos los turnos precisos para la composición y funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal y de las audiencias provinciales del territorio, acordó posponer dicha aprobación.

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