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Giménez (TS) cree que España ha "traicionado la finalidad" de la decisión marco de la UE para el descuento de penas

20/02/2015
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El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Joaquín Giménez cree que España ha "traicionado la finalidad" de la decisión marco de la UE al "trasponerla" y considera "probable" que el Tribunal Luxemburgo dé "un varapalo" al Estado español al no descontar las penas cometidas en otros países de Europa por los presos condenados por terrorismo.

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

Giménez, uno de los seis jueces del TS discrepantes con la decisión mayoritaria que rechaza el descuento de las condenas, ha manifestado será el Tribunal de Luxemburgo el que adoptará una determinación "en su momento, en la medida en la que alguien presente la cuestión de prejudicialidad".

"Aunque una de las tesis con la que se jugó en la deliberación era que la presentara el propio Tribunal Supremo, también es cierto que cualquier otro tribunal la puede presentar, por ejemplo, la Audiencia Nacional", ha manifestado en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

Preguntado por si se tenía que haber aplicado la normativa europea de acumulación de penas o cabe la interpretación, ha señalado que, "de alguna manera, se puede decir en términos un poco coloquiales que el papel lo aguanta todo", pero ha precisado que, "si lo que quiere la decisión marco es un principio de equivalencia, aunque es cierto que admite algún tipo de excepciones, la excepción es algo particular respecto de la regla general".

"Si se introduce, al trasponer al Derecho español interno una excepción que vacía de contenido el principio general de equivalencias de la sentencias en lo positivo, me parece que el tema está bastante claro", ha apuntado.

PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA

A su juicio, "se vulnera el principio de equivalencia en lo positivo, es decir, en la posibilidad de acumular las condenas extranjeras a las dictadas por los tribunales españoles", pero sí se mantiene "en lo negativo, como son la existencia de delitos penales y de la agravante de reincidencia y demás".

"En realidad, lo que quiere la decisión marco es el principio de equivalencia entre las distintas resoluciones judiciales en las que una misma persona haya sido condenada por tribunales de la UE", ha recordado.

Joaquín Giménez ha señalado que, "si Luxemburgo dijese que las trasposición no ha sido una traducción fiel, entonces habría que cambiar la Ley". "Esto es evidente", ha añadido, para señalar que, "políticamente", supondría "una deslegitimación del legislativo que ha autorizado esta traducción, esa trasposición".

En esta línea, ha explicado que "trasponer es traducir, no traicionar la finalidad de la decisión marco", y a su entender, "se ha traicionado en ese sentido, porque es una excepción tan amplia que la vacía de contenido en lo positivo, pero la mantiene en lo negativo".

PRESIONES POLÍTICAS

Giménez ha afirmado que "las presiones políticas" al sistema judicial "son permanentes y constantes siempre que se traten cuestiones en las que haya una cierta inquietud por parte del Gobierno, sea éste el Gobierno que sea y sea, y del color que sea".

"Yo lo he dicho muchas veces, la actuación judicial es una actuación que se desarrolla en un campo de presiones ambientales, de los medios de comunicación, etc, pero esto forma parte (aunque no debería ser) del escenario en el que se desarrolla la función judicial", ha añadido.

El magistrado del TS ha apuntado que "el tema de que haya presiones no es para escandalizar", sino que lo que hay que hacer es, "sencillamente, resistir a las presiones".

Tras señalar que desconoce si el ministro del Interior, Jorge Ferçandez Díaz, se ha "serenado" con la sentencia del Supremo que rechaza la acumulación de condenas, ha manifestado que "es cierto que hubo unas manifestaciones absolutamente intolerables, y por eso, se produjo esa situación poco frecuente, sin precedentes hasta ahora", de que 13 jueces de la Sala Segunda firmaran "un escrito de protesta, que no afectaba al derecho de libertad de expresión".

"La libertad de expresión y el derecho a la crítica de la resolución judicial es absolutamente necesaria. Ahora, lo que no es una crítica es decir que esto que han hecho los magistrados de la Audiencia Nacional, siguiendo un precedente de la Sala Segunda, si lo hace un funcionario, estaría acusado de prevaricación. Eso no es una crítica, en el mejor de los casos es un insulto", ha concluido.

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