PALMA DE MALLORCA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
En concreto, el contrato al que la sentencia hace referencia fue formalizado el 31 de julio de 2011 y su vigencia estaba prevista para un año. Según la resolución confirmada, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la adjudicataria, Lireba Serveis Integrats, no prestó sus servicios en la forma en que habían sido pactados.
Y ello al no haber puesto a disposición del complejo de Marivent a las siete personas que exigían los pliegos para la limpieza del inmueble, facturando por todas ellas a pesar de que sólo destinó tres trabajadores para que llevasen a cabo esta labor. Para la máxima instancia judicial de las islas, que el número de esos empleados "sea inferior al 50 por ciento estipulado constituye un quebrantamiento esencial de las condiciones del contrato".
Aun así la concesionaria reclamaba mediante demanda 139.269 euros aludiendo a facturas impagadas o desvueltas y a intereses por el retraso en otros abonos, frente a lo cual el TS reconoce únicamente su derecho a percibir 19.272 euros como importe que le quedó pendiente de facturar.
Ya en otra sentencia el TSJIB rechazó el año pasado el pago de 292.132 euros a Lireba, cantidad que ésta reclamaba a raíz de la liquidación de otro de los contratos suscritos entre ambas partes, aseverando los magistrados que la cantidad correspondía al Govern puesto que la empresa la había facturado y cobrado sin contraprestación alguna por su parte.
Por su parte, la Administración autonómica, ante las pretensiones de cobro de Lireba, alegó cómo durante la ejecución del contrato constató que la concesionaria estaba prestando el servicio "tan sólo con tres trabajadores de mantenimiento", a pesar de que "facturaba las siete personas previstas" y "con el agravante" de que en las facturas mensuales que Lireba libraba al Govern hacía constar que trabajaban todos.
Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico consideraba "evidente" que podía ejercer la facultad de suspender el contrato, puesto que la Conselleria de Presidencia "no podía permitir que una empresa que había facturado por servicios no prestados" ya desde 2007 -cuando fue firmado el primer contrato- hasta 539.491 euros, "en una actitud absolutamente contraria a la buena fe, continuara al frente del servicio de limpieza de Marivent".
"Y además pretendía saltarse los protocolos de la seguridad de la Casa del Rey en el acceso a las instalaciones, enviando personal al recinto sin obtener las autorizaciones correspondientes", aseveraban los servicios jurídicos del Govern, tal y como recoge la sentencia del Supremo.
Mientras tanto, desde Lireba arremetían contra la Administración al señalar que lo que "en realidad" ésta pretendía con la rescisión "era burlar los plazos y trámites necesarios para decretar la resolución del contrato", por lo que negaba que se hubiera producido un incumplimiento de los pliegos de condiciones. No obstante, frente a estos argumentos, el TSJIB recalcaba que imputar ese incumplimiento al Govern "es del todo punto descabellado".
De hecho, el Supremo rechaza las alegaciones vertidas por Lireba en su recurso de casación al afirmar que ésta "se limita a insistir en que cumplió y no procedía la suspensión del contrato", cuando "de los hechos declarados probados se constata que no aportó el número de empleados al que obligaba el contrato".
TRES CONTRATOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MARIVENT
En concreto, el Ejecutivo autonómico adjudicó a esta mercantil por un periodo de dos años la limpieza y mantenimiento de Marivent mediante un contrato suscrito el 3 de agosto de 2007. Posteriormente, el Govern y la demandante suscribieron otros dos acuerdos, en 2009 y 2011.
El rubricado en 2009 fue el que arrojó el saldo favorable a la Administración por más de 290.000 euros, mientras que el de 2011 fue resuelto por "incumplimiento culpable" del contratista, según apuntaba el tribunal.
La sentencia recuerda que la propia demandante reconoció expresamente que el servicio por el que reclamaba los 292.132 euros "no se había prestado como era debido, sino en menor medida", respecto a lo cual el tribunal se ampara en la Ley de Contratos del Sector Público para aseverar que el contrato "no se entiende cumplido sino hasta la total realización del objeto del mismo".
INVESTIGACIONES A NIVEL PENAL
Se da la circunstancia de que, de forma paralela, el Juzgado de Instrucción número 10 de Palma investiga las presuntas irregularidades cometidas en la licitación de los servicios de limpieza a favor de Lireba, en el marco de una causa en la que se encuentra imputado quien fuese conseller de Presidencia y número dos en el último Govern del Pacte (2007-2011), Albert Moragues.
El encausamiento de Moragues se produjo después de que la magistrada admitiese a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por la presunta defraudación producida en la adjudicación, entre otros motivos por haberse presentado al concurso tres empresas relacionadas entre sí.
De hecho, la Abogacía de la Comunidad Autónoma ya remitió a mediados de 2012 un escrito al Ministerio Público en el que le instaba a investigar estas supuestas irregularidades, que apuntan a la existencia de indicios de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad.
El contrato, tramitado a través de un negociado sin publicidad, preveía para el personal de mantenimiento el pago de 2.645 euros al mes por empleado, y 2.116 para los de limpieza.
Sobre estos hechos, Moragues aseguró en su declaración ante la jueza que entre sus funciones no estaba la de elegir las empresas concesionarias ni controlar los contratos, por lo que dio el visto bueno a esta adjudicación sin revisar antes el expediente. Si bien el exconseller recordó que dio el visto bueno a la concesión de los servicios a Lireba, apostilló que el nombre de las empresas le vino dado.
Tal y como incidió Moragues en su comparecencia, cómo fue pagado el contrato a la empresa adjudicataria él no lo revisaba sino que de estas competencias se encargaban los servicios administrativos. En virtud del mismo, el Govern abonaba un total de 504.307 euros anuales a la concesionaria.
