SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya ve "improcedente" la petición de archivo de Rafael Ávila y José Enrique Contreras "a la vista de los concretos hechos que le fueron imputados y del reconocimiento por los mismos de que efectivamente figuraron como testaferros de varias sociedades" del 'tándem' de la Sierra Norte formado por José María Sayago y José Enrique Rosendo.
Estas sociedades fueron "bendecidas todas ellas con subvenciones de la Junta", recuerda la instructora, que asevera que "el hecho de figurar como administradores aunque no ostentaran capacidad de decisión en la gestión de las sociedades evidencia el conocimiento del marco delictivo previo en el que se crearon las mismas, al calor del trato privilegiado por la Junta".
De esta forma, "no solo asumieron el asesoramiento de las mismas, sino su legal representación en un intento claro de ocultar la titularidad de tales mercantiles por parte de sus verdaderos dueños".
A ello se suma, según la juez, que "el hecho de que cesaron en dichos cargos antes del pago efectivo de tales subvenciones no implica desconocer que las mismas iban a otorgarse en virtud de la notoria influencia de aquellos en la Sierra Norte de Sevilla y en la Consejería de Empleo y del lapso de tiempo habitual entre la fase de otorgamiento y la del abono de la ayuda".
"En cualquier caso, la condición de imputado ofrece a los recurrentes todas las posibilidades defensivas frente al procedimiento, pudiendo intervenir en todas las pruebas que estimen conducentes para su descargo", concluye la juez en su auto, fechado el pasado día 5 de febrero.
